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Cientos de deportados a Centroamérica huyeron de pandillas

Un miembro de la mara Barrio 18 entra al Centro de Justicia de El Salvador, el 2 de julio de 2018. Barrio 18 y su rival, la Mara Salvatrucha, se reparten los vecindarios de clase obrera como si de un tablero de ajedrez se tratase. Extorsionan a quienes hacen negocio en sus territorios. Y quienes se niegan a pagar, son asesinados. (AP Foto/Salvador Meléndez)

Por ANDREW SELSKY

SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué viajó más de mil millas en autobús y luego vadeó el Río Grande con un pequeño grupo de viajeros desesperados? ¿Por qué se adentró en el árido paisaje de Texas con nada más que la gorra negra de su esposo para protegerse del sol?

Es simple, dijo la mujer.

Un grupo de miembros de la pandilla Barrio 18, caminan en fila y con grilletes hacia el Centro de Justicia de San Salvador, el 2 de julio de 2018. (AP Foto/Salvador Melendez)

Había perdido a dos hijos por la violencia de las pandillas que reina en El Salvador. Su miedo, explicó, era que los asesinos “quieran terminar con la familia”.

Así que la pareja puso rumbo a Estados Unidos el 13 de mayo con la esperanza de llegar a Houston y reencontrarse con el único hijo que les queda vivo, que cruzó la frontera estadounidense hace un año.

Pero no lo lograron. Apenas una hora después de entrar a Texas, fueron capturados por la Patrulla Fronteriza, separados y encarcelados. La madre, con las muñecas y los tobillos encadenados, fue deportada el jueves junto con alrededor de 100 migrantes a El Salvador.

Miles de personas están en su misma situación: huyen de las pandillas extremadamente violentas de El Salvador, Honduras y Guatemala pero son interceptados cerca de la frontera de Estados Unidos y devueltos a sus países por la política de tolerancia cero del presidente Donald Trump.

Trump tuiteó en junio que los “inmigrantes ilegales, no importa lo malos que puedan ser… entran e infestan nuestro país, como MS-13”.

Sin embargo, son pocos los miembros de estas organizaciones que intentan entrar a Estados Unidos. En el año fiscal de 2017, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos realizó 310,531 detenciones de personas que estaban en el país de forma ilegal, pero solo el 0.09% de los casos pertenecían a las maras que operan en Centroamérica, según las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

En cambio, es más común que las personas que escapan de esas bandas sean las que intentan cruzar la frontera estadounidense.

El 2000, los agentes fronterizos interceptaron a 1,6 millones de inmigrantes en la frontera suroccidental. De ellos, el 98% eran mexicanos y apenas 29,000 procedían de otras naciones.

Pero en 2017 las autoridades estadounidenses sorprendieron a casi 163,000 migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras frente a unos 128,000 mexicanos.

“Esta es gente que, en su gran mayoría, está huyendo de la violencia”, señaló Kathy Bougher, una estadounidense que investiga el costo humano de la inmigración. “Y necesitan seguridad”.

Son personas como la mujer que estaba en el centro de inmigración para “repatriados”, sumida de nuevo en la pesadilla de regresar a uno de los países más violentos del mundo.

“Tengo miedo”, señaló mientras esperaba a ser procesada para su regreso. Un funcionario gubernamental llamó por su nombre a otros retornados, que estaban sentados en sillas de plástico naranja, para poder devolverles sus posesiones, metidas en pequeñas bolsas de plástico.

Por temores sobre su seguridad, la mujer habló con The Associated Press solo bajo la condición de que no sería identificada. Con su larga melena trenzada en un moño y vestida con unos ajustados pantalones vaqueros y una camiseta blanca manchada a la altura del estómago, la zona donde estaban las cadenas que llevó en el vuelo de deportación, apuntó que no tenía otra opción más que regresara su casa.

Temía retornar a una localidad en la que las calculadoras pandillas ejercen el control, a un lugar donde sus miembros a menudo obligan a mujeres jóvenes a convertirse en esclavas sexuales, y matan a las que se niegan.

La simple sospecha de ser leal a una banda rival es una sentencia de muerte. Muchas víctimas de este tipo de violencia suelen ser enterradas en fosas comunes y nunca se llegan a ser encontradas.

Un día del pasado mes de noviembre, la hija de 19 años de la mujer salió de su casa. Iba a ver a una amiga, contó.

“Ella me dijo ‘Mira mami, ya voy a venir. Voy allí no más’”, recordó la mujer. “Pero de allí no regresó ella”.

La mujer explicó que acudió a la policía y a la fiscalía, pero nadie siguió el caso.

Cuatro meses más tarde, su hijo de 15 años le dijo que iba a comprar. Tampoco regresó y la madre decidió marcharse antes de que ella y su pareja desaparecieran también.

En la capital de El Salvador la amenaza de las maras no está presente a simple vista. El caótico tránsito de San Salvador discurre junto a hoteles, restaurants de comida chatarra estadounidenses, edificios de oficinas de concreto y verdes rotondas.

Pero a lo largo de las avenidas hay estrechas calles que llevan a vecindarios de clase baja, con chabolas con tejados de metal, muchas de ellas levantadas por refugiados de la guerra que sacudió el país entre 1980 y 1992. Estos son los lugares donde los jóvenes que se unieron a pandillas en Los Ángeles, o quienes que formaron las suyas para protegerse a sí mismos y a su comunidad de los refugiados, echaron raíces tras ser deportados desde Estados Unidos.

Hoy en día, los jóvenes merodean por las entradas con celulares, para enviar una alerta si la policía o extraños acceden a la zona. Se les llama “posteros”, como los omnipresentes postes de concreto de los servicios públicos que pueblan el país.

Incluso La Chacra, el barrio o “colonia” donde se ubica el centro para inmigrantes detrás de altos muros de piedra, está controlado por la Mara Salvatrucha.

MS-13, como se conoce también a la organización, y su rival Barrio 18 se dividen los vecindarios de clase obrera como si de un tablero de ajedrez se tratase. Extorsionan a quienes hacen negocio en sus territorios. Y quienes se niegan a pagar, son asesinados.

El conductor de Uber José Antonio Avalos sabe bien lo que es manejar en una de esas barriadas.

“Todas las mañana, recojo a una niña frente a la colonia”, dijo Avalos, señalando a una zona estrecha en una sección de La Chacra mientras pasa por la calle principal. “No puedo entrar porque me pedirán mi carné. Si por tu dirección ven que eres de una zona de la ciudad controlada por la banda rival, pensarán que los estás espiando y podrían matarte. Si tienes suerte, te dirán que te vayas y te advertirán que te matarán la próxima vez”.

El problema está tan generalizado que un legislador pidió recientemente a la Asamblea Legislativa que los carnés no incluyan dirección “para salvar vidas”.

El gobierno salvadoreño comenzó a tomar duras medidas contra las bandas hace 15 años, lo que resultó en la encarcelación de miles de sus miembros. Sin embargo, siguen proliferando y algunas controlan sus operaciones con un celular desde el penal. El ministro salvadoreño de Defensa dijo en 2015 que en el país había 60,000 pandilleros frente a una fuerza combinada de 50,000 policías y soldados.

Los miembros de esas fuerzas de seguridad contribuyen a la violencia que está causando la migración hacia el norte. Se estima que policías y soldados, operando tanto de forma oficial como en “grupos de exterminio” clandestinos, son responsables de entre el 10 y el 15% de las amenazas y la violencia, de acuerdo con organizaciones no gubernamentales. La mera sospecha de pertenecer a una pandilla es suficiente para tener un problema.

“Ser joven en una colonia es un delito”, dijo Armando De Paz, de Cristosal, un grupo de derechos centrado Centroamérica.

Una noche de enero, la policía paró a Henry Cubías, de 22 años, cuando regresaba en bicicleta a su casa desde su trabajo como portero nocturno en una instalación de arte. Los agentes, algunos de ellos con capuchas, lo llevaron a una zona oscura y le echaron la cabeza hacia atrás tirándole de la melena, y le dijeron que podrían hacerlo desaparecer si no informaba sobre las actividades de las maras, apuntó Cubías en una entrevista. Él no tenía nada que contar porque, por el momento, ha logrado mantenerse aleado de la que controla su vecindario.

“Yo sentía ese temor porque estaba solo, no había gente”, dijo Cubías rememorando su encuentro con la policía. “Le pedí a Dios que me ayudara”.

Entonces tuvo un golpe de suerte. Su tía pasó caminando por allí y avisó a los padres del joven. Su padre y su madre, quien estaba enferma de cáncer y solo le quedaba un mes de vida, confrontaron a los agentes, que lo dejaron marchar, señaló Cubías.

Para quienes están amenazados por las pandillas, hay pocas opciones. Mudarse a otra localidad suele ser solo una solución en el corto plazo en El Salvador, que es más pequeño que el estado de Massachusetts. Al final, los miembros de las maras es probable que pregunten a los jóvenes de donde vienen. Y puede tratarse de la misma organización que controla la antigua colonia o localidad de la que procede. O podría ser una banda rival.

“Este es un país pequeño y no hay dónde esconderse”, señaló Bougher.

Se estima que el 90% de las personas que son deportadas desde Estados Unidos vuelven a intentar llegar apenas unos días después, explicó Mauro Verzeletti, un sacerdote brasileño que dirige el Centro Pastoral para Migrantes, que cuenta con albergues tanto en el país como en México.

La mujer que regresó el jueves a El Salvador dijo que no sabe si volverá a intentarlo. Primero tiene que saber cuándo regresará su pareja, que sigue detenido en Texas.

Pidió prestado un celular para llamar a un amigo que la lleve a la pequeña casa de ladrillo que pensó que había abandonado para siempre, a una vivienda llena de recuerdos de sus hijos ausentes, en un pueblo controlado por la violencia de las maras.

Preguntada por quién la esperaba allí, miró al suelo y respondió con un hilo de voz: “Nadie”.

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