Ciudades santuario alentadas por fallo de la Corte Suprema

Nora Hernádez (izq), activista de la agrupación New Mexico Dream Team, conversa con Javier Solís, estudiante de una secundaria local, poco antes de una reunión del concejo municipal para analizar políticas a favor de los inmigrantes el 17 de abril del 2018 en Albuquerque, Nuevo México. Un fallo de la Corte Suprema sobre las apuestas en el deporte podría perjudicar los esfuerzos del gobierno nacional por hacer que estados y municipales hagan cumplir las leyes inmigratorias. (AP Photo/Mary Hudetz)

Por MARK SHERMAN

WASHINGTON (AP) — En su época de dueño de casinos, Donald Trump seguramente hubiera festejado el fallo del lunes de la Corte Suprema que anuló una ley federal que impedía a los estados las apuestas a la mayoría de los deportes.

Su gobierno, sin embargo, quería que la Corte avalase esa ley en parte porque su anulación podría complicar su batalla contra las ciudades y estados santuario. Siete de los nueve jueces de la Corte Suprema –cinco conservadores y dos liberales– apoyaron una lectura rígida de la 10ma Enmienda de la Constitución que limita las facultades del gobierno nacional para imponer su voluntad a los estados.

La ley contra las apuestas a los deportes es inconstitucional porque “inequívocamente le dice a la legislatura de un estado lo que puede y no puede hacer”, escribió el juez Samuel Alito al resumir el sentir mayoritario. “Es como si se instalase funcionarios federales en las cámaras legislativas munidos de autoridad para impedir que los legisladores aprueben propuestas que nos les gustan”.

Hay un vínculo directo entre la decisión del tribunal supremo en torno a las apuestas en el deporte y los esfuerzos del gobierno nacional por castigar a estados y municipalidades que se resisten a hacer cumplir las políticas inmigratorias federales, según varios expertos en asuntos legales.

“La corte sin duda dijo que el gobierno federal no puede obligar a los estados a que hagan cumplir las leyes federales. En el contexto de la inmigración, esto quiere decir que no puede exigir a las autoridades municipales o estatales que cooperen con las autoridades federales de inmigración”, opinó Ilya Shapiro, especialista en estudios constitucionales del Instituto Cato.

Omar Jadwat, director del proyecto sobre derechos de los inmigrantes de la Unión de Libertades Civiles, dijo que el fallo refuerza decisiones de la década de 1990, incluida una que dejó sin efecto partes de una ley federal de control de armas que exigía a la policía local determinar si un comprador estaba capacitado para portar armas.

“Reitera que el argumento principal de la 10ma Enmienda y de los principios de las leyes en este terreno es que el gobierno federal no puede decirle cómo legislar a los estados o las municipalidades”, expresó Jadwat. La enmienda dice que las facultades que no son atribuidas específicamente al gobierno federal pertenecen a los estados.

El Departamento de Justicia desistió de comentar el fallo. Había pedido al tribunal supremo que avalase la postura del gobierno nacional aduciendo que no violaba la constitución.

En el fallo judicial más reciente sobre las ciudades santuario, el tribunal federal de apelaciones de Chicago dijo el mes pasado que el gobierno nacional no puede negar fondos relacionados con la seguridad pública destinados a ciudades que se niegan a cumplir las políticas inmigratorias del gobierno federal.

En demandas resistiendo la postura del gobierno federal, las municipalidades aducen que al convertir a las policías locales en brazos del servicio de inmigración se afecta la relación con las comunidades minoritarias y se hace más improbable que los residentes de esas comunidades denuncien delitos. El gobierno federal, por su parte, dice que las localidades santuario permiten que delincuentes peligrosos sigan en la calle.

Los esfuerzos del gobierno por castigar a las localidades que no colaboran con el servicio de inmigración han tomado varias formas. Trump emitió un decreto que niega fondos a las jurisdicciones más combativas y el gobierno también demandó al estado de California por haber sancionado tres leyes que dan protección a los inmigrantes que están en el país sin permiso.

Gobernadora de Iowa promulga ley contra ciudades santuario

DES MOINES, Iowa (AP) — La gobernadora de Iowa Kim Reynolds promulgó una ley migratoria que prohíbe las llamadas ciudades santuario.

La funcionaria republicana firmó el proyecto de ley el martes en privado. La noticia venía incluida en un comunicado de prensa sobre otras 16 leyes promulgadas.

La nueva ley requiere que todos los departamentos de policía cumplan con las solicitudes de los agentes federales para retener a personas sospechosas de estar ilegalmente en el país. Los gobiernos locales se arriesgan a perder fondos estatales en caso de no apegarse a ella.

Los fiscales dicen que la cláusula podría dejar al estado vulnerable a demandas, mientras que organizadores comunitarios arguyen que provocará discriminación racial.

Los legisladores que respaldaron la medida la definieron como un tema de seguridad pública. Reynolds destacó la ley en un correo electrónico para recaudar fondos.

Se conoce como ciudades santuario a aquellas jurisdicciones que limitan su colaboración con las autoridades federales de inmigración. Iowa no tiene ninguna.

Tema de ciudades santuario de EEUU se acerca a hora decisiva

Por SUDHIN THANAWALA

SAN FRANCISCO, California (AP) — Un tribunal se apresta a debatir la legalidad de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que amenaza con reducir el financiamiento de estados y ciudades que se han declarado santuario para los inmigrantes.

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito escuchará el miércoles los argumentos del gobierno, de que el decreto es legal y se atañe a la jurisdicción federal.

El juez William Orrick en noviembre dijo que la orden ejecutiva trata de todo el financiamiento público a esas municipalidades, y que el presidente no tiene la autoridad de modificar financiamientos ya aprobados por el Congreso.

Ese fallo vino en respuesta a demandas presentadas por dos condados de California: San Francisco y Santa Clara. Orrick señaló que la orden ejecutiva podría privar a esas ciudades de cientos de millones de dólares.

Citó declaraciones de Trump y del secretario de Justicia Jeff Sessions como prueba de la amplitud del decreto y de que el presidente mismo había amenazado con usarlo como “arma” contra las ciudades que se resistan.

El gobierno insiste en que la orden afecta a una cantidad de dinero relativamente menor que ya está adscrita al cumplimiento de las leyes de inmigración. Podría afectar futuras financiaciones también pero sólo si el gobierno recibe autorización para imponer el requisito de cumplimiento de las leyes.

“El texto de la orden deja bien claro su jurisdicción limitada”, dijeron los abogados del Departamento de Justicia en documentos presentados ante el tribunal.

El departamento opinó también que Orrick debió haber limitado su fallo a Santa Clara y San Francisco en vez de aplicarlo a nivel nacional.

La orden ejecutiva es parte de una campaña del poder ejecutivo contra “ciudades santuario”, es decir, aquellas que se niegan a obligar a sus departamentos policiales a hacer cumplir las leyes federales de inmigración. El gobierno federal ha demandado a California a raíz de tres leyes que protegen a los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país, y ha estado tratando de impedir que sea desembolsado un presupuesto para seguridad pública designado para ciudades y estados que se han declarado santuarios para inmigrantes.

Juez no restablece decreto de Trump sobre ciudades santuario

SAN FRANCISCO, Calif. (AP) — Un juez federal en San Francisco se negó el jueves a restablecer la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para recortar la financiación a las ciudades que limiten su cooperación con las autoridades migratorias estadounidenses.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos había pedido al juez de distrito William Orrick que revocara su fallo de abril contra el decreto presidencial. La orden judicial se emitió en respuesta a demandas presentadas por San Francisco y el condado de Santa Clara.

El secretario de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, escribió un memorando en mayo aclarando que la orden ejecutiva debía aplicarse a un pequeño número de ayudas y a violaciones muy específicas de la ley migratoria. El documento señala que las ciudades que “voluntariamente se nieguen a cumplir” la ley federal podrían perder subsidios de los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional, pero no otros fondos federales.

Según Justicia, este informe anula la necesidad de la decisión emitida por Orrick.

El magistrado señaló que el argumento no era convincente porque Sessions podría retirar su opinión en cualquier momento.

La orden judicial paraliza la aplicación de la orden ejecutiva de Trump en todo el país y permite que las demandas sigan adelante.

La negativa de Orrick a retirar su fallo supone otro revés al intento de Trump de castigar a las ciudades que dan cobijo a las personas que viven en el país sin tener los permisos necesarios.

Critican ley contra ciudades santuario de Texas

AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — El gobierno mexicano, la policía de San Antonio y otros sectores fustigaron el lunes la nueva ley de Texas contra las “ciudades santuario”, y dijeron que obligar a los agentes del orden a aplicar la ley federal de inmigración puede propiciar discriminación y hará que la numerosa población hispana desconfíe de la policía.

La ley, que entra en vigor en septiembre y que los detractores describen como la más antiinmigrante desde la de Arizona en 2010, permitirá a los agentes preguntar la condición migratoria a las personas detenidas, incluso a automovilistas en revisiones rutinarias de tránsito.

Esta foto tomada de un video el domingo 7 de mayo del 2017 y divulgada por la Oficina del Gobernador muestra al gobernador republicano Greg Abbott hablando sobre la prohibición a las llamadas “ciudades santuario” en Austin, Texas. (Oficina del Gobernador Abbott via AP)

El gobernador republicano Greg Abbot firmó la ley el domingo en la noche y transmitió el acto en su página de Facebook sin avisar que lo haría. Algunas decenas de personas protestaron el lunes afuera de su mansión en Austin.

La ley generó críticas de México, que es el socio comercial más grande de Texas y comparte estrechos lazos con el estado. La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana dijo en un boletín de prensa que la ley podría pisotear los derechos de los mexicanos que viven en Estados Unidos y prometió seguir de cerca la situación luego que la ley entre en vigor.

Por su parte, el jefe de la policía de San Antonio, William McManus, censuró a los republicanos que impulsaron la ley a pesar de las objeciones manifestadas por todos los jefes de la policía de las grandes ciudades del estado.

Según cálculos del Instituto de Política de Inmigración, 1,4 millones de personas viven sin permiso en Texas, incluidas 71.000 en la zona metropolitana de San Antonio.

McManus y otros jefes policiales, entre ellos los de Dallas y Houston, afirman que la ley causará que los inmigrantes no denuncien delitos ni se presenten como testigos por temor a que hablar con la policía pueda costarles la deportación.

Los detractores de la medida temen que resulte en la discriminación de los hispanos y ponga a los agentes en una posición insostenible.

“Será el color de la piel o el idioma. ¿En qué más puede uno basarse?”, dijo McManus en referencia a las razones que tendrá un agente para preguntar la condición migratoria a una persona.

“Eso lleva a caracterización. La caracterización redunda en demandas. En mi opinión, no hay nada positivo que esta medida aporte a la comunidad o a la acción policial”.

Sin embargo, McManus dijo que su departamento abandonará la política que prohíbe a los agentes preguntar la condición migratoria a las personas.

“Vamos a tener que eliminar esa prohibición de los libros”, dijo McManus, quien agregó que posiblemente será necesario capacitar durante un año a los 2.400 agentes bajo su mando sobre la ley de inmigración.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo en un comunicado que “este tipo de medidas criminalizan aún más el fenómeno migratorio, fomentan actos de discriminación racial y reducen la colaboración de la comunidad migrante con las autoridades locales”.

El lunes, Texas adoptó la medida inusual de solicitar a una corte federal en Austin que declare constitucional la ley, de manera preventiva, en anticipación a las demandas que presenten ciudades y grupos defensores de los derechos de las minorías.

Entre los primeros en impugnar la normativa se encuentra la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC por sus siglas en inglés), que lo hizo a nombre de una pequeña comunidad fronteriza próxima a México llamada El Cenizo.

La ciudad cuenta con un decreto local de “refugio seguro” desde 1999 que prohíbe a los empleados de la ciudad preguntar a las personas sobre su condición migratoria, según la demanda presentada el lunes ante un tribunal federal, dijo el abogado de la LULAC, Luis Vera.

Abbott dijo el lunes al programa “Fox and Friends”: “¿No es casi de locura que tengamos que aprobar una normativa que obligue a la policía a cumplir la ley”.

La ley obliga a jefes policiales y sheriffs _bajo la amenaza de prisión o destitución_ a que atiendan las solicitudes federales de que retengan a delincuentes en la cárcel para su posible deportación.

Los republicanos tienen una fuerte mayoría en la Legislatura e hicieron a un lado las objeciones demócratas, aun cuando los esfuerzos del presidente Donald Trump para retener los recursos federales a las ciudades santuario han enfrentado obstáculos en las cortes federales.