Ciudades santuario alentadas por fallo de la Corte Suprema

Nora Hernádez (izq), activista de la agrupación New Mexico Dream Team, conversa con Javier Solís, estudiante de una secundaria local, poco antes de una reunión del concejo municipal para analizar políticas a favor de los inmigrantes el 17 de abril del 2018 en Albuquerque, Nuevo México. Un fallo de la Corte Suprema sobre las apuestas en el deporte podría perjudicar los esfuerzos del gobierno nacional por hacer que estados y municipales hagan cumplir las leyes inmigratorias. (AP Photo/Mary Hudetz)

Por MARK SHERMAN

WASHINGTON (AP) — En su época de dueño de casinos, Donald Trump seguramente hubiera festejado el fallo del lunes de la Corte Suprema que anuló una ley federal que impedía a los estados las apuestas a la mayoría de los deportes.

Su gobierno, sin embargo, quería que la Corte avalase esa ley en parte porque su anulación podría complicar su batalla contra las ciudades y estados santuario. Siete de los nueve jueces de la Corte Suprema –cinco conservadores y dos liberales– apoyaron una lectura rígida de la 10ma Enmienda de la Constitución que limita las facultades del gobierno nacional para imponer su voluntad a los estados.

La ley contra las apuestas a los deportes es inconstitucional porque “inequívocamente le dice a la legislatura de un estado lo que puede y no puede hacer”, escribió el juez Samuel Alito al resumir el sentir mayoritario. “Es como si se instalase funcionarios federales en las cámaras legislativas munidos de autoridad para impedir que los legisladores aprueben propuestas que nos les gustan”.

Hay un vínculo directo entre la decisión del tribunal supremo en torno a las apuestas en el deporte y los esfuerzos del gobierno nacional por castigar a estados y municipalidades que se resisten a hacer cumplir las políticas inmigratorias federales, según varios expertos en asuntos legales.

“La corte sin duda dijo que el gobierno federal no puede obligar a los estados a que hagan cumplir las leyes federales. En el contexto de la inmigración, esto quiere decir que no puede exigir a las autoridades municipales o estatales que cooperen con las autoridades federales de inmigración”, opinó Ilya Shapiro, especialista en estudios constitucionales del Instituto Cato.

Omar Jadwat, director del proyecto sobre derechos de los inmigrantes de la Unión de Libertades Civiles, dijo que el fallo refuerza decisiones de la década de 1990, incluida una que dejó sin efecto partes de una ley federal de control de armas que exigía a la policía local determinar si un comprador estaba capacitado para portar armas.

“Reitera que el argumento principal de la 10ma Enmienda y de los principios de las leyes en este terreno es que el gobierno federal no puede decirle cómo legislar a los estados o las municipalidades”, expresó Jadwat. La enmienda dice que las facultades que no son atribuidas específicamente al gobierno federal pertenecen a los estados.

El Departamento de Justicia desistió de comentar el fallo. Había pedido al tribunal supremo que avalase la postura del gobierno nacional aduciendo que no violaba la constitución.

En el fallo judicial más reciente sobre las ciudades santuario, el tribunal federal de apelaciones de Chicago dijo el mes pasado que el gobierno nacional no puede negar fondos relacionados con la seguridad pública destinados a ciudades que se niegan a cumplir las políticas inmigratorias del gobierno federal.

En demandas resistiendo la postura del gobierno federal, las municipalidades aducen que al convertir a las policías locales en brazos del servicio de inmigración se afecta la relación con las comunidades minoritarias y se hace más improbable que los residentes de esas comunidades denuncien delitos. El gobierno federal, por su parte, dice que las localidades santuario permiten que delincuentes peligrosos sigan en la calle.

Los esfuerzos del gobierno por castigar a las localidades que no colaboran con el servicio de inmigración han tomado varias formas. Trump emitió un decreto que niega fondos a las jurisdicciones más combativas y el gobierno también demandó al estado de California por haber sancionado tres leyes que dan protección a los inmigrantes que están en el país sin permiso.

Ley migratoria es demasiado vaga, dice Corte Suprema de EEUU

ARCHIVO – En esta fotografía de archivo del 28 de septiembre de 2017, el magistrado de la Corte Suprema, Neil Gorsuch, hace declaraciones en Washington. (AP Foto/Pablo Martinez Monsivais, Archivo)

Por JESSICA GRESKO

WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema de Estados Unidos falló el martes que parte de una ley federal que facilita la deportación de inmigrantes que fueron declarados culpables de delitos no se puede aplicar porque es demasiado confusa.

La decisión por 5-4, en la que el nuevo magistrado Neil Gorsuch se sumó a la postura de cuatro magistrados liberales, se centra en una cláusula de la ley de inmigración que define “delito violento”. Si un inmigrante es declarado culpable de un delito violento su deportación es “prácticamente segura”, sin importar cuánto tiempo haya vivido en Estados Unidos, escribió la magistrada Elena Kagan en su opinión por la corte.

La decisión supone un revés para el gobierno del presidente Donald Trump que insiste en una aplicación más estricta de la ley de inmigración. En este caso, el gobierno del presidente Barack Obama había adoptado la misma posición en la Corte Suprema en defensa de la cláusula impugnada. Trump tuiteó el martes que la decisión de la corte “significa que el Congreso debe cerrar los recovecos que impiden echar del país a peligrosos delincuentes extranjeros”.

Gorsuch no apoyó toda la opinión de Kagan, pero coincidió con ella en que la ley no puede continuar como está. Gorsuch escribió que “nadie debe sorprenderse que la Constitución parezca inclemente sobre cualquier ley tan vaga que las personas razonables no puedan comprender sus términos y los jueces no sepan dónde comenzar a aplicarla”.

El caso se sustentó en un fallo de 2015 que anuló una parte redactada en forma similar de otra ley federal que impone sentencias mayores de prisión a criminales reincidentes.

El fallo de 2015 “nos dice cómo resolver este caso”, escribió Kagan.

La decisión del martes se centra en James Dimaya, un inmigrante de Filipinas que llegó ilegalmente a Estados Unidos en 1992 cuando tenía 13 años. Después de que concertara con la fiscalía no impugnar dos cargos de robo en California, el gobierno comenzó los procedimientos para deportarlo. El gobierno argumentó que Dimaya podía ser deportado debido a que los cargos por los que fue declarado culpable podrían clasificarse como delitos violentos que permitirían deportarlo de acuerdo a la ley de inmigración.

Las autoridades de inmigración habían basado su proceder en una sección de la ley de inmigración que señala los delitos por los procede la deportación de una persona. La categoría en la que caían los cargos por los que Dimaya fue declarado culpable correspondía a un crimen “que por su propia naturaleza, implican un riesgo sustancial de la posible utilización de la fuerza física… durante la comisión del delito”.

Los jueces de inmigración habrían permitido que Dimaya fuera deportado, pero la corte federal de apelaciones de San Francisco derogó la cláusula por considerarla vaga. La Corte Suprema ratificó ese fallo el martes.

Corte Suprema falla contra derecho de fianza de inmigrantes

Por JESSICA GRESKO

WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema de Estados Unidos falló el martes que los inmigrantes detenidos por el gobierno bajo consideración de deportación no tienen derecho legal a que se les otorguen audiencias periódicas de fianza.

La demanda colectiva fue iniciada por inmigrantes que están detenidos desde hace mucho tiempo. Entre ellos hay personas que enfrentan la deportación por haber cometido delitos graves y otros que solicitaron asilo al llegar a la frontera.

El alto tribunal anuló el dictamen de la Corte Federal de Apelaciones del 9no Circuito, con sede en San Francisco, que estipulaba que según las leyes de inmigración los inmigrantes tenían derecho a las audiencias de fianza. El tribunal dijo que los inmigrantes generalmente deben tener audiencias de detención tras seis meses en detención y luego cada seis meses si continúan presos.

Sin embargo, la Corte Suprema revirtió ese fallo y se alineó con el gobierno del presidente Donald Trump, que había presentado argumentos en contra, al igual que lo hizo el gobierno anterior de Barack Obama.

Escribiendo a nombre de cinco jueces, el juez de la Corte Suprema Samuel Alito dijo que las leyes de inmigración no establecen audiencias periódicas de fianza para los inmigrantes. Pero los jueces regresaron el caso a la corte de apelaciones para que evalúen si es que el caso debe de continuar como demanda colectiva y analicen los argumentos de los inmigrantes de que las cláusulas de leyes migratorias que ellos están apelando son inconstitucionales.

El juez Stephen Breyer escribió a nombre de los jueces que votaron en contra, respaldado por otras dos jueces liberales, Sonia Sotomayor y Ruth Bader Ginsburg. Breyer dijo que él debería de haber leído las cláusulas de las leyes de inmigración para requerir audiencias para inmigrantes detenidos durante un período largo.

“Las preguntas sobre fianza que se nos presentaron son técnicas pero al mismo tiempo son simples”, escribió Breyer. “Solo tenemos que recordar las palabras de la Declaración de Independencia, en particular su insistencia en que todos los hombres y mujeres tienen ‘ciertos Derechos inalienables’ y que entre ellos está el derecho a la ‘Libertad'”, dijo.

Según la demanda iniciada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), había 34,000 inmigrantes presos en un día dado en Estados Unidos y el 90% de los casos se resuelven en menos de seis meses.

En el caso ante la Corte Suprema, el inmigrante mexicano Alejandro Rodríguez estuvo preso durante más de tres años sin una audiencia de fianza. Él estaba apelando una deportación tras haber sido hallado culpable de un delito menor de posesión de droga y hurto temporal de un vehículo. Al final, él salió en libertad y se le permitió quedarse en Estados Unidos.

Ohio: Personas con VIH deben informar de su condición

Por ANDREW WELSH-HUGGINS (AP)

COLUMBUS, Ohio — La Corte Suprema de Ohio ratificó el jueves la constitucionalidad de una ley que requiere que personas infectadas con el VIH les informen de su condición a sus parejas antes de tener relaciones sexuales, o pueden enfrentar cargos criminales.

La corte rechazó unánimemente un cuestionamiento basado en la libertad de expresión, concluyendo que la ley regula conducta, no expresión.

El estado tiene un interés válido en reducir la transmisión de VIH a compañeros sexuales que pudieran no estar al tanto del riesgo, dijo el juez Terrence O’Donnell.

“El tratamiento (por la ley) de individuos con conocimiento de su estatus positivo de VIH que no lo revelan a compañeros sexuales beneficia el interés del estado”, escribió O’Donnell.

En el centro del caso estaba la convicción de un hombre en Ohio que fue sentenciado a prisión en el 2015 por no decirle a su novia que estaba infectado con VIH una vez que comenzaron a tener relaciones sexuales.

Los abogados de Orlando Batista dijeron que la ley era inconstitucional porque se basaba en estigmas anticuados contra la comunidad gay y no toma en consideración la tasa actual de supervivencia de las personas infectadas con el VIH.

Agregan que la ley viola el derecho a la libertad de expresión porque se centra solamente en la revelación, no en la transmisión de la enfermedad.

Violar la ley es considerado una agresión, con una sentencia de hasta ocho años en prisión.

El defensor público del condado Hamilton Raymond Faller dijo el jueves que es probable que se presente una apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Dijo que se trata de un caso complicado que recibirá mucha atención nacional.

En alegatos ante una corte el año pasado, Faller dijo que la ley desalienta que la gente se someta a análisis de VIH, toda vez que una persona no puede ser enjuiciada si no sabe que está infectada.

Corte EEUU da razón a inmigrantes mal asesorados por abogado

WASHINGTON — La Corte Suprema de Estados Unidos falló el viernes que los inmigrantes pueden recibir una segunda oportunidad ante tribunales cuando sus abogados les aconsejen declararse culpables de un delito que pueda llevar a su deportación.

La decisión, que tuvo votación 6-2, es aplicable a inmigrantes que enfrentan evidencia abrumadora de culpabilidad de un delito.

El máximo tribunal norteamericano falló a favor del surcoreano Jae Lee, que ha pasado casi toda su vida en Estados Unidos. Lee se declaró culpable de un delito de drogas en 2009 cuando se abogado le dijo equivocadamente que no sería deportado.

En realidad, Lee, que vivía en la zona de Memphis, Tennessee, se declaró culpable de uno de esos delitos graves que culminan casi automáticamente en la deportación cuando el culpable no es ciudadano.

Fue condenado a un año de cárcel, pero está preso desde hace siete años y medio mientras lucha por retractarse de su declaración y correr el riesgo de un juicio, dijo John Bursch, el abogado de Lee ante la corte.

El juez John Roberts escribió en la opinión de la mayoría que Lee puede retirar su admisión de culpabilidad de delitos de drogas que hizo por sugerencia de su abogado.

La ley federal establece una deportación virtualmente automática para inmigrantes hallados culpables de delitos graves.

Lee dijo que no se habría declarado culpable de haber conocido las consecuencias.

Roberts dijo que Lee “casi seguramente sería hallado culpable” y deportado si es enjuiciado, pero “ese ‘casi’ podría marcar la diferencia”.

Los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito disintieron. Thomas escribió que el fallo “tendrá consecuencias perniciosas para la justicia penal” porque los acuerdos negociados de biena fe no serían definitiivos.

La corte federal de apelaciones de Cincinnati había fallado que dado el peso de las pruebas, Lee hubiera sido condenado en caso de rechazar el acuerdo e ir a juicio. Otras cortes de apelaciones han tomado partido por los inmigrantes en circunstancias similares, la misma posición que tomó la Corte Suprema el viernes.