Corte de EEUU impide a Trump cancelación inmediata del DACA

Corte de EEUU impide a Trump cancelación inmediata del DACA

En esta fotografía de archivo del 15 de agosto de 2012, un inmigrante legal lee una guía sobre las condiciones necesarias para acceder al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) en una oficina de la Coalición Pro Derechos Humanos de los Inmigrantes, en Los Ángeles. (AP Foto/Damian Dovarganes, Archivo)

Por SUDHIN THANAWALA,  Associated Press

SAN FRANCISCO, California — Una corte federal de apelaciones impidió el jueves al presidente Donald Trump poner fin inmediato a un programa de la era del exmandatario Barack Obama que protege a los inmigrantes jóvenes de la deportación, ya que –dijo– la decisión del gobierno actual se basó en conceptos jurídicos equivocados.

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito ratificó de manera unánime una orden judicial preliminar que bloquea la decisión de Trump de cancelar el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

Las demandas interpuestas por California y otras partes para impugnar la decisión del gobierno seguirán su curso en una corte federal mientras la orden judicial continúe vigente.

A la larga, la Corte Suprema podría decidir la suerte del DACA, que ha amparado a unas 700,000 personas traídas de manera ilegal a Estados Unidos cuando eran niños o que llegaron con familias que se quedaron en el país al vencer sus visas.

Hace unos días, el gobierno de Trump adoptó la inusual medida de pedirle a la Corte Suprema que tomara el caso incluso antes de que cualquier tribunal federal de apelaciones lo hubiera examinado. Fue la segunda ocasión en que el gobierno federal solicitó que el máximo tribunal examinara su decisión sobre el DACA.

En el fallo del jueves, la jueza Kim Wardlaw dijo que California y los demás demandantes posiblemente tengan éxito con su argumento de que la decisión de cancelar el programa fue arbitraria y caprichosa.

El Departamento de Seguridad Nacional tomó medidas para poner fin al programa el año pasado por recomendación de Jeff Sessions, el recién despedido secretario de Justicia, quien alegó que el DACA era ilegal porque Obama carecía de la autoridad para implementarlo en primer lugar.

Eso fue incorrecto, escribió Wardlaw, haciendo notar que el gobierno federal tiene una larga y firmemente establecida historia de actuar a discreción para no aplicar la ley migratoria hacia ciertos grupos de personas. Los ejemplos incluyen la decisión del presidente Dwight D. Eisenhower en 1956 de extender una “moratoria de inmigración” a 30,000 refugiados húngaros que de otra forma no hubieran podido quedarse en Estados Unidos, y el programa de “Trato Justo Familiar” del presidente Ronald Reagan, el cual permitió que ciertos parientes de inmigrantes ilegales a los que se les había concedido amnistía permanecieran en el país.

Aunque el gobierno federal podría poner fin al DACA por su propia discreción, no puede hacerlo basándose en la creencia fallida de Sessions de que el programa excede la autoridad federal, señaló la corte.

“Aquí solo sostenemos que, donde el poder ejecutivo no tomó una decisión a su discreción para poner fin al DACA –sino que más bien actuó basándose en un punto de vista erróneo de lo que la ley requería–, la rescisión fue arbitraria y caprichosa”, escribió Wardlaw. “Como siempre, el gobierno es libre de reexaminar las políticas que elige, siempre y cuando al hacer eso no viole un mandato judicial ni ninguna protección constitucional o legal independiente”.

Dicho eso, los jueces también declinaron descartar los argumentos de que las acciones del gobierno podrían violar los derechos constitucionales de los beneficiarios del DACA. El efecto desproporcionado que la decisión tendría sobre los latinos podría ser inconstitucionalmente discriminatorio, señaló la corte, y los demandantes también efectuaron el alegato creíble de que violaría el debido proceso si el gobierno les daba la espalda y utilizaba en los procesos de deportación la información que ellos proporcionaron cuando se inscribieron al DACA.

El Departamento de Justicia no había respondido hasta el momento un correo que se le envió para conocer sus impresiones.

DACA cumple seis años sin que el Congreso encuentre una solución

WASHINGTON, D.C. (EFE) – El plan DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) cumple seis años sin que el Congreso haya encontrado aún una solución permanente para los miles de jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos de niños que protege ese programa y son conocidos como “dreamers” (soñadores).

El miércoles se cumplen seis años desde que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) comenzara a aceptar las solicitudes para el programa, que fue proclamado el 15 de junio por el entonces presidente Barack Obaman (2009-2012).

Obama proclamó el plan ante la imposibilidad de aprobar una reforma migratoria en el Congreso, donde los demócratas tuvieron mayoría hasta 2010, cuando perdieron el dominio de la Cámara Baja.

El Congreso se planteó, por primera vez, la situación de los “soñadores” en 2001 con el “Dream Act” y, en 2013, estuvo cerca de regularizar su situación mediante una reforma migratoria, que acabó bloqueada por los republicanos y habría beneficiado a buena parte de los once millones de indocumentados que viven en el país.

Para acceder a DACA, los jóvenes indocumentados tuvieron que demostrar que habían llegado a EE.UU. antes de los 16 años, que no tenían antecedentes penales y que cursaban estudios de educación secundaria o estaban en la universidad.

Los inscritos en DACA pudieron frenar su deportación, obtener permiso de trabajo y en muchos estados una licencia de conducir, unos beneficios que debían de ser renovados cada dos años.

En 2014, Obama trató de ampliar el alcance de DACA para beneficiar a más “soñadores”, pero un grupo de estados republicanos le demandó y la justicia anuló la ampliación del programa, así como otro plan, llamado DAPA y que buscaba frenar la deportación de los padres de los jóvenes indocumentados.

Con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el poder, el programa DACA ha sufrido varios reveses y ha visto disminuir su número de beneficiarios, que superó los 800,000 y actualmente se sitúa en 703,890, según datos del 31 de julio del Servicio de Ciudadanía e Inmigración.

En septiembre pasado, Trump anunció que DACA debía expirar el 5 de marzo si el Congreso no llegaba a un acuerdo sobre inmigración.

El Parlamento, en manos republicanas, no llegó a ningún acuerdo, pero DACA no llegó a expirar porque dos jueces, uno de Nueva York y otro de California, han obligado al Gobierno a mantener el vivo el programa y a seguir aceptando solicitudes para renovar sus beneficios

“Dreamers” usan estudios de Derecho para desafiar al sistema

Por PAT EATON-ROBB

HARTFORD, Connecticut (AP) — Los padres de Denia Pérez la llevaron de forma ilegal desde México a Estados Unidos cuando tenía 11 años. El mes pasado se convirtió en una de las primeras de los llamados “dreamers” en obtener un título de Derecho. Y ahora, ella y otros en su situación están utilizando sus conocimientos legales para enfrenar al sistema y poder ejercer su profesión.

La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), un programa que permite que los migrantes jóvenes que llegaron al país antes de 2007 y con menos de 16 años acudan a la escuela gracias a permisos renovables de trabajo, se convirtió en ley en 2012. Esto supone que los beneficiarios tuvieron el tiempo justo para graduarse en la escuela secundaria, obtener un título de técnico superior universitario y, en algunos casos, una licenciatura en Derecho.

El problema: la mayoría de los estados requieren que los abogados en activo sean ciudadanos de Estados Unidos o tengan residencia legal en el país.

Relativamente pocos “dreamers” han completado los estudios de Derecho, dijo Sheila Hayre, una profesora invitada de Derecho en la Quinnipiac University, donde Pérez se graduó este mes. Es la única que ha solicitado entrar al colegio de abogados de Connecticut. Pero tanto ella como sus compañeros que estudian Derecho se están preparando para presentar batalla.

“Para mí es normal tomar todas estas cosas en consideración cuando estoy planeando qué hacer con mi vida”, apuntó Pérez, que tiene previsto tomar el examen que le permitiría ejercer como abogada en julio. “Pero una parte de mí está frustrada y cansada de tener que pasar por todos estos aros para seguir viviendo y contribuyendo en este país”.

Tres días después de su graduación, prestó testimonio ante un comité del colegio de abogados de Connecticut buscando un cambio en la normativa que le permita trabajar. Otros estados, incluyendo California, Florida, Nueva York y Nueva Jersey, ya aprobaron leyes o implementaron modificaciones legales similares para abrir sus puertas a estudiantes DACA.

Tras escuchar los casos de varios “dreamers” que aplicaron para entrar en el colectivo en varios estados, la Asociación de Colegios de Abogados de Estados Unidos aprobó en agosto una resolución en la que se insta al Congreso a enmendar la ley federal, añadiendo que la admisión no debería negarse basándose solo en el estatus migratorio de una persona.

“Hemos invertido en estos jóvenes”, explicó Hayre. “Así que tiene sentido que contribuyan a la economía y a la sociedad como miembros productivos de la comunidad. De alguna forma, es una obviedad”.

Pero hay quien se opone al cambio. Hans von Spakovsky, miembro de la Heritage Foundation, dijo que le resulta inconcebible que cualquiera que no tenga residencia legal pueda tomar juramento para cumplir las leyes de Estados Unidos y unirse al cuerpo de abogados.

“De hecho, están en el país de forma ilegal y violando la ley federal”, argumentó Spakovsky, quien también es abogado. “Yo no querría que alguien que está en el país ilegalmente me defienda, porque el Departamento de Seguridad Nacional puede intervenir en cualquier momento y expulsar a mi abogado del país y entonces, ¿qué haría?”.

Pérez tiene tres hermanos pequeños que nacieron en Estados Unidos y por lo tanto tienen la ciudadanía. Sus padres tienen permisos de residencia, conocidos como green card. Ella es la única de su familia sin estatus legal.

Si su propuesta sale adelante, se permitiría la entrada al colegio de abogados a cualquiera “autorizado a trabajar de forma legal en Estados Unidos”. Esto incluiría a los titulares de un permiso DACA.

Jueces escucharon argumentos sobre fin de programa DACA

Judy Weatherly participa en una protesta a favor de mantener el programa DACA que protege de la deportación a miles de jóvenes migrantes, el 15 de septiembre de 2017 en San Francisco. (AP Foto/Jeff Chiu, File)

Por SUDHIN THANAWALA

SAN FRANCISCO, California (AP) — Los jueces de una corte federal de apelaciones lucieron escépticos el martes sobre los argumentos del gobierno del presidente Donald Trump de que los tribunales carecen de autoridad para revisar la decisión del mandatario de poner fin al programa que protege de la deportación a algunos inmigrantes jóvenes.

Los abogados de ambas partes pasaron más de una hora presentado sus alegatos respecto al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus iniciales en inglés) y respondiendo las preguntas de los tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del 9no Circuito en Pasadena, California.

Se trata de la primera vez que una corte federal de apelaciones escucha argumentos en este caso.

Los jueces se centraron en la lógica del gobierno para cancelar el programa y si contaban con la autoridad para intervenir, y no en los méritos para permitir que cientos de miles de jóvenes inmigrantes permanezcan en Estados Unidos amparados por el DACA.

El gobierno federal ha dicho que decidió cancelar el programa el año pasado debido a que Texas y otros estados amenazaron con entablar una demanda, lo que incrementaba la posibilidad de que el programa finalizara de manera caótica.

Hashim Mooppan, abogado del Departamento de Justicia, argumentó el martes que la decisión del gobierno no puede revisarse en los tribunales y defendió la medida en contra de las afirmaciones de que era arbitraria y caprichosa.

“Es una cuestión en la que una agencia dice: ‘No vamos a tener una política que podría resultar ilegal’”, dijo Mooppan a los jueces. “Es algo perfectamente lógico”.

La decisión de Trump de cancelar el DACA originó demandas en todo el país, incluyendo una por parte del estado de California.

El juez que preside esa y otras cuatro demandas relacionadas, falló en contra del gobierno y reactivó el programa que fue instaurado por el entonces mandatario Barack Obama.

Ahora, el gobierno de Trump quiere que el 9no Circuito deseche ese fallo. Se desconoce cuándo es que la corte dará a conocer su veredicto.

La jueza del 9no Circuito Kim Wardlaw destacó durante la audiencia que otras cortes de apelaciones han revisado una política migratoria similar del gobierno de Obama.

La jueza Jacqueline Nguyen cuestionó si las cortes pueden intervenir en caso de pensar que DACA sea legal y estuvo en desacuerdo con la postura del gobierno de que es un programa anticonstitucional.

El DACA ha protegido a alrededor de 700,000 personas que llegaron ilegalmente a Estados Unidos durante su infancia o que arribaron con sus familiares y permanecieron una vez que había expirado su visa.

Activistas aprovechan el Cinco de Mayo para recaudar fondos para inmigrantes

LOS ÁNGELES, California (EFE) – Dispuestos a canalizar el entusiasmo de la festividad del Cinco de Mayo en Estados Unidos, un grupo de “soñadores” lanzó el sábado la campaña #CincoDeDACA que pretende recaudar fondos para ayudar a pagar la renovación de este permiso migratorio.

La idea se debe a Nestor Ruiz, un joven amparado por el programa de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y miembro de la organización United We Dream (UWD), quien pensó que se debería utilizar este festejo para ayudar a los “soñadores”.

Inicialmente, #CincoDeDACA pretendía recaudar fondos para que cinco beneficiarios de este programa federal, conocidos como “soñadores”, pudieran pagar la renovación de sus permisos, pero luego se convirtió en un nuevo llamado para concienciar sobre el riesgo que enfrentan estos jóvenes indocumentados.

“Estamos siendo perseguidos en los lugares de trabajo, en las escuelas, y hasta en los autobuses de (la compañía de transporte regional) Greyhound. El Gobierno de Trump no ha parado con esta persecución”, dijo Ruiz a Efe.

El plan DACA fue promulgado en 2012 por el entonces presidente, el demócrata Barack Obama, para proteger de la deportación y otorgar permisos temporales de trabajo y residencia a unos 690,000 jóvenes que llegaron al país cuando eran niños.

En septiembre pasado, el Gobierno del republicano Donald Trump optó por derogar el programa al considerarlo ilegal, pero mandatos de jueces federales impidieron que la orden entrara en vigor a partir del 5 de marzo, como estaba previsto, y de hecho la semana pasada un magistrado de Washington ordenó la reactivación de las renovaciones.

Esta semana, una coalición de siete estados, liderados por Texas, demandó al actual Gobierno por continuar el programa y además interpuso una moción para se detengan las renovaciones.

Ruiz sabe por experiencia propia que renovar DACA se ha convertido en una prioridad para los “soñadores”, si bien los costes del trámite resulta un obstáculo insalvable en algunos casos y de ahí la campaña de recaudación de fondos, para la cual han abierto una página web.

“Hay muchos que no cuentan con los 495 dólares y tenemos que hacer consciencia. El valor de esa cerveza para celebrar una victoria mexicana podría ayudar a uno de nosotros a resistir y tal vez ganar esta guerra”, indicó el activista.

Con motivo de esta festividad, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó el sábado a “los estadounidenses que se reúnen con amigos y familiares” para conmemorar la historia del pueblo mexicano y el aniversario de la Batalla de Puebla.

El 5 de mayo de 1862 el Ejército mexicano, bajo el mando del general Ignacio Zaragoza, se enfrentó a las fuerzas castrenses francesas que avanzaban hacia la capital del país para consumar la conquista de México.

Sin embargo, en Puebla, capital del estado homónimo ubicada a 150 kilómetros de la Ciudad de México, el Ejército francés fue derrotado.

Comunidad hispana critica nuevo ataque contra DACA, pide soluciones

Por ALEX SEGURA LOZANO

WASHINGTON, D.C. (EFE) – La comunidad hispana de EEUU rechazó el miércoles la demanda interpuesta por siete estados contra el Gobierno del presidente Donald Trump por no haber acabado con el programa DACA y pidió una solución permanente para los jóvenes indocumentados que llegaron al país de niños, conocidos como “soñadores”.

“Esta demanda es incongruente con nuestros valores nacionales y representa los oscuros objetivos de los republicanos con sus ataques contra la juventud inmigrante”, señaló el miércoles en declaraciones a Efe Carlos Duarte, director en Texas de la organización hispana Mi Familia Vota.

El enfado de los líderes latinos llega después de que una coalición de siete estados, liderada por Texas, interpusiera una demanda este martes en el tribunal del distrito sur de ese estado para que declare ilegal DACA (siglas en inglés de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) y prohíba al Ejecutivo continuar renovando ese programa de alivio migratorio.

Esta solicitud judicial ha levantado sospechas en el seno del Partido Demócrata, que ha visto un “posible complot” entre el estado de Texas y el gobierno de Trump para acabar con el programa.

En una carta, el senador demócrata Dick Durbin preguntó el miércoles al fiscal general de EEUU, Jeff Sessions, si él mismo o alguien de la administración Trump ha tenido “algún tipo de contacto” con las autoridades de Texas y los otros estados demandantes en las fechas anteriores a las acciones judiciales del grupo de fiscales.

Además del fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, la demanda también fue suscrita por los fiscales de Alabama, Arkansas, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental.

El programa DACA, promulgado en 2012 por el expresidente Barack Obama (2009-2017), protege a sus beneficiarios de la deportación, y en ciertos casos les otorga un permiso de trabajo temporal y les permite acceder a una licencia de conducir, unos beneficios que deben renovar cada dos años.

Para la directora ejecutiva adjunta de United We Dream, Greisa Martínez, esta querella “es un ejemplo perfecto de las prioridades republicanas actuales: atacar y deportar a personas de color e inmigrantes siempre que puedan”.

En un comunicado facilitado a Efe, Martínez, que lidera una de las organizaciones más importantes del país en el ámbito de jóvenes indocumentados, señaló que “en medio de todos estos ataques, los ‘soñadores’ siguen luchando por conseguir una solución para quedarse en el país de manera legal y permanente”.

En junio de 2017, Paxton amenazó por primera vez con demandar a Trump si no cumplía con su promesa de acabar con DACA.

Finalmente, en septiembre pasado, Trump anunció que DACA debía expirar el 5 de marzo si el Congreso no llegaba a un acuerdo sobre inmigración.

No obstante, DACA no llegó a expirar porque dos jueces, uno de Nueva York y otro de California, obligaron al Gobierno a mantener vivo el programa, aunque establecieron que solo podrían renovar su permiso aquellos inmigrantes que ya se hubieran beneficiado anteriormente.

La semana pasada, un juez de Washington D.C. determinó que el Gobierno de Trump debe aceptar nuevas solicitudes de DACA.

En este sentido, el Fondo México-Estadounidense para la Defensa Legal (Maldef) advirtió en un comunicado que la demanda de Paxton llega “extremadamente tarde”, después de que varios tribunales federales hayan ordenado al Gobierno de Trump mantener activo DACA.

Los estados con más “soñadores” son California y luego Texas, donde viven más de 100,000 beneficiarios de DACA, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Juez: Gobierno no puede revocar DACA a mexicano

El mexicano Daniel Ramírez Medina, a la derecha, es acompañado de un hombre que se identificó como su hermano al término de una audiencia en una Corte Federal en Seattle, el martes 1 de mayo de 2018. Ramírez Medina solicitó a un juez que no le revoquen su inclusión en el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) que lo protege de la deportación. (AP Foto/Gene Johnson)

Por GENE JOHNSON

SEATTLE, Washington (AP) — El gobierno de Estados Unidos no puede revocar por el momento la inscripción de un mexicano en el DACA, dijo el martes un juez federal, quien solicitó mayor información a los abogados para emitir un fallo preliminar.

Daniel Ramírez Medina, de 25 años, atrajo la atención internacional la semana pasada, cuando el gobierno le canceló su estatus en el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (que protege a algunos inmigrantes de la deportación y les concede permisos de trabajo) y lo puso en procedimiento de deportación, aunque no tenía antecedentes penales.

ARCHIVO – Rechazan liberar a dreamer detenido en Seattle

Su arresto es representativo de la erosión que han tenido las protecciones del DACA en el gobierno de Trump, y los tribunales han bloqueado las medidas del gobierno para rescindir el programa. Debido a uno de esos fallos, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) restauró el mes pasado el estatus de Ramírez en el DACA, pero le notificó de inmediato que la agencia tenía pensado anulárselo de nuevo porque estaba acusado de tener vínculos con pandillas, aunque un juez de inmigración había determinado que tales acusaciones eran falsas.

Con ese telón de fondo, el juez federal Ricardo S. Martinez efectuó una audiencia el martes en Seattle. Los abogados de Ramírez solicitaron al juez que impida al gobierno rescindir las protecciones concedidas a su cliente o que deje de afirmar que ha estado involucrado con pandillas.

Sin embargo, los abogados del gobierno insistieron en que tales medidas podrían ser prematuras o injustificadas. Jeffrey Robins, del Departamento de Justicia, dijo que aunque el USCIS ha notificado a Ramírez que pretende quitarle el beneficio del DACA, no lo ha hecho, y por lo tanto, no hay una decisión definitiva de la agencia que los abogados de Ramírez puedan impugnar.

Ramírez tiene hasta el 7 de mayo para contestar al último intento del gobierno de revocar su inscripción en el DACA, y una decisión definitiva sería anunciada poco después.

Incluso con ese plazo, el juez dijo que otro obstáculo técnico quizá le impida conceder el fallo solicitado por Ramírez. El joven pidió inicialmente a la corte que le restaurara su estatus del DACA. El gobierno ya lo hizo, aun si tiene previsto revocarlo de nuevo. Martinez solicitó a los abogados que le provean mayor información sobre si en esta etapa sería procesalmente adecuado que acepte las nuevas peticiones de Ramírez.

Los abogados de Ramírez solicitaron al juez que no pierda de vista la difícil situación que enfrenta su cliente. Lo detuvieron en una casa en un suburbio de Seattle cuando los agentes fueron a arrestar a su padre. Los agentes insistieron en que tenía el tatuaje de una pandilla, aunque se trataba del nombre de su ciudad de origen en México, y que reconoció tener vínculos con pandillas, lo que él niega.

Ramírez aprobó en tres ocasiones las revisiones de antecedentes para acceder al DACA; el gobierno no presentó pruebas que corroboraran su implicación con pandillas, y en una audiencia en una corte de inmigración, un abogado del gobierno reconoció no tener indicio de que el mexicano representara un peligro para la seguridad pública.

Juez falla contra cancelación de DACA

En esta imagen del 21 de enero de 2018, manifestantes marchan en apoyo al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) fuera del Capitolio en Washington. (AP Foto/Jose Luis Magana, Archivo)

Por ELLIOT SPAGAT

SAN DIEGO, California (AP) — Un juez federal falló el martes contra la decisión del gobierno de Trump de cancelar el programa que protege de la deportación a algunos jóvenes inmigrantes, y describió la argumentación del Departamento de Seguridad Nacional contra el programa como “caprichosa y arbitraria”.

El juez de distrito John D. Bates, de Washington, escribió que la decisión de rescindir el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) “fue ilegal y debe ser desechada”.

Bates escribió que la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) “se sustentó principalmente en su opinión de que el programa era ilegal. Pero tal discernimiento quedó virtualmente sin explicación, y por ello no puede sustentar la decisión de la dependencia”.

El juez dio a la dependencia 90 días para “explicar mejor su argumento de que el DACA es ilegal”. Si el DHS no puede brindar una mejor explicación, “debe aceptar y procesar todas las nuevas solicitudes y renovaciones del DACA”, agregó.

El DACA permitía que algunos inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos de manera ilegal cuando eran niños, que comúnmente son denominados dreamers, obtuvieran permisos renovables de estancia y de trabajo. El presidente Donald Trump anunció el año pasado que cancelaría el programa, el cual fue instaurado durante el gobierno de Barack Obama. Fue rescindido oficialmente en marzo, pero el DHS sigue emitiendo renovaciones debido a órdenes judiciales previas.

El magistrado, que falló en favor de un par de demandas presentadas por la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP) y la Universidad Princeton, dijo que la explicación de la administración fue “especialmente atroz” porque no mencionaba que muchos de los cientos de miles de beneficiarios obtuvieron empleos y empezaron estudios basándose en la suposición de que podrían renovar el permiso.

El DHS no respondió de inmediato a una petición de comentarios. En septiembre anunció que eliminaría progresivamente el DACA en seis meses, calificando el programa iniciado en 2012 de abuso de poder por parte de Obama. El departamento señaló que se vio obligado a actuar ante la amenaza de Texas y otros estados de presentar demandas, lo que planteó la posibilidad de un final caótico para el plan.

El presidente de Princeton, Christopher L. Eisgruber, dijo que estaba “encantado” con la sentencia.

“Si bien la decisión no resuelve por completo la incertidumbre que enfrentan los beneficiarios del DACA, rechaza de forma inequívoca el argumento que ha ofrecido el gobierno para finalizar el programa y deja en claro que el (Departamento de Seguridad Nacional) actuó de forma arbitraria y caprichosa”, dijo.

En enero, el juez de Distrito de Estados Unidos William Alsup en San Francisco dictaminó que el gobierno no justificó el final del programa y su requerimiento obligó a las autoridades a volver a aceptar las peticiones de renovación en el plazo de una semana. El juez de Distrito de Estados Unidos Nicholas G. Garaufis en Nueva York emitió un fallo similar en febrero, mientras que un juez federal de Maryland se pronunció de parte del gobierno.

Casi 690,000 personas, de las cuales ocho de cada diez procedían de México, se beneficiaban del programa cuando el gobierno de Trump anunció su finalización en septiembre. Para solicitar la protección del DACA, los migrantes tienen que haber entrado al país antes de su 16to cumpleaños, tener menos de 31 años a fecha de 31 de junio de 2012, haber completado estudios de secundaria o servido en el ejército y no tener antecedentes. Los permisos, que se emiten por dos años, pueden ser renovados.

Arizona rechaza que “dreamers” puedan pagar matrícula menor

Darian Cruz (derecha) se retira lágrimas mientras ella y Jasmin López (izquierda) escuchan a un amigo hablar sobre un fallo de la Corte Suprema de Arizona contra los “dreamers” durante una manifestación frente al Capitolio estatal en Phoenix el lunes 9 de abril de 2018. (AP Foto/Ross D. Franklin)

Por ANITA SNOW y BOB CHRISTIE

PHOENIX, Arizona (AP) — A raíz de un fallo de la Corte Suprema de Arizona, las tres universidades públicas del estado y su más amplio distrito de universidades comunitarias informaron que aumentarán la matrícula a los jóvenes inmigrantes que se vieron beneficiados con el programa DACA, que postergó su deportación de Estados Unidos.

El máximo tribunal estatal falló el lunes que los llamados “dreamers” –jóvenes inmigrantes beneficiados por el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), iniciado por el entonces presidente Barack Obama– no son elegibles para una colegiatura universitaria preferente como la que pagan los residentes del estado.

Los “dreamers” son jóvenes inmigrantes que llegaron de niños a Estados Unidos, ya sea porque sus padres entraron ilegalmente al país o porque se quedaron una vez que expiraron sus visas, por lo que podrían ser deportados si no cuentan con protección legal.

El fallo unánime afectará al menos a 2,000 estudiantes de nivel universitario. La matrícula aumentará a partir del próximo año escolar.

El portavoz del distrito de universidades comunitarias del condado de Maricopa, Matt Hasson, dijo que el distrito estaba decepcionado.

“Este fallo es preocupante para los 2,000 estudiantes beneficiados por el DACA y para los que actualmente están matriculados en las universidades comunitarias de Maricopa”, dijo Hasson en un comunicado.

“Durante los últimos cinco años, más de 600 estudiantes beneficiados por el DACA obtuvieron un título de asociado u otro tipo de certificado de alguna de nuestras universidades y están haciendo contribuciones valiosas a la salud de nuestra economía”, aseguró.

El presidente de la Junta de Regentes del estado también lamentó la decisión, que se tomó a raíz de un caso presentado por la fiscalía estatal después de que el distrito de universidades comunitarias comenzó a permitir hace varios años que los estudiantes beneficiados por el DACA pagaran la matrícula local.

En 2015, un tribunal de primera instancia rechazó el argumento de la fiscalía estatal de que la reducción de la matrícula violaba una ley de 2006 aprobada por los votantes y conocida como “Proposition 300”, que prohíbe prestaciones públicas para toda persona que viva en Arizona sin estatus migratorio legal.

El sistema universitario se basó entonces en ese fallo para ofrecer una matrícula estatal más baja a los estudiantes beneficiados por el DACA y continuó haciéndolo, pese a que el Tribunal de Apelaciones falló el año pasado que la ley federal y estatal no permiten otorgar una matrícula más baja a los estudiantes del DACA.

Aquellos estudiantes que tomen cursos de tiempo completo en una universidad comunitaria verán que el costo de sus colegiaturas subirá de aproximadamente 2,580 dólares anuales en la actualidad a alrededor de 8,900 dólares al año.

Las tres universidades estatales tienen la política de cobrar a los residentes sin ciudadanía el 150% de la matrícula estatal, haciendo que paguen un costo de 15,000 dólares al año en lugar de los alrededor de 10,000 dólares anuales que pagan los residentes del estado.

Casa Blanca prepara nueva propuesta de ley migratoria tras “muerte” de DACA

WASHINGTON (EFE) – La Casa Blanca aseguró el lunes que está preparando una nueva propuesta de ley sobre inmigración, aunque evitó dar detalles sobre el contenido de ese plan y no aclaró si podría incluir una solución para los miles de jóvenes indocumentados protegidos de la deportación por el programa migratorio DACA.

Ese mensaje de la Casa Blanca llegó horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, declarara en Twitter que el programa DACA “está muerto” y que no planea llegar a más acuerdos con los demócratas para reemplazarlo por una solución permanente.

“El Departamento de Seguridad Nacional está trabajando con la Casa Blanca (…) en otro paquete legislativo para cerrar los vacíos legales que son tan perniciosos y peligrosos” en el sistema migratorio de EE.UU., dijo un alto funcionario de la Casa Blanca, que pidió el anonimato, en una conferencia de prensa telefónica.

“Llevamos varios meses hablando de esto, de que queremos acabar con los vacíos legales para que podamos tener un sistema migratorio legal en ambos lados de la frontera”, agregó.

La fuente no quiso dar más detalles sobre el contenido de la propuesta legislativa en la que trabaja el Gobierno de Trump, aunque insinuó que podría contener los puntos que la Casa Blanca enumeró en octubre pasado como prioritarios en cualquier reforma migratoria.

Entonces, el Gobierno de Trump abrió la puerta a proteger a los beneficiarios de DACA, pero también exigió obtener fondos para construir el muro en la frontera con México, agilizar la expulsión de menores centroamericanos, contratar a más agentes fronterizos y limitar la concesión de visas mediante un sistema de méritos.

Trump aseguró este domingo que no hará “más acuerdos sobre DACA” con el Congreso, después de meses de choques entre la Casa Blanca y la oposición demócrata sobre cómo reemplazar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés).

El presidente anunció el año pasado el fin de ese programa, proclamado en 2012 por el expresidente Barack Obama y que daba a ciertos indocumentados una garantía de no deportación y un permiso de trabajo, y pidió al Congreso sustituirlo por una ley permanente.

Pero no hubo acuerdo en el Congreso, y el destino de DACA está ahora en manos de los tribunales, que de momento han ordenado al Gobierno de Trump que permita que los llamados “soñadores” que ya estaban inscritos en el programa migratorio puedan renovar sus beneficios, aunque no se toleran nuevas inscripciones.

El citado funcionario de la Casa Blanca insistió hoy en que DACA es un “imán” para los inmigrantes indocumentados que tratan de ingresar ahora en Estados Unidos, porque genera en ellos la impresión de que el Gobierno estadounidense es “indulgente”.

Sin embargo, ninguno de esos indocumentados recién llegados pueden acogerse a DACA, dado que, además de no aceptar ahora nuevas inscripciones, el programa tenía un alcance limitado y solo beneficiaba a aquellos que hubieran residido en EE.UU. desde 2007.