Deportan a mexicano que se refugió en una iglesia en EEUU

Samuel Oliver Bruno se prepara para unas entrevistas mientras se encuentra refugiado en la Iglesia Metodista Unida CityWell en Durham, Carolina del Norte, el 13 de diciembre de 2017. (Casey Toth/The Charlotte Observer vía AP)

Por JONATHAN DREW, Associated Press

DURHAM, Carolina del Norte — Un migrante mexicano que se refugió en una iglesia de Carolina del Norte durante casi un año fue deportado el jueves, señalaron autoridades federales.

Samuel Oliver Bruno, de 47 años, fue deportado a México a las 8:45 de la noche, informó Bryan Cox, portavoz del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés).

Oliver Bruno fue arrestado el 23 de noviembre en una oficina migratoria cerca de Raleigh después de salir de la iglesia para que le registraran las huellas dactilares, parte de su solicitud para permanecer en Estados Unidos con el fin de apoyar financieramente a su hijo y su esposa enferma. Su solicitud para permanecer en el país fue rechazada a principios de la semana.

Había vivido en una iglesia de Durham desde finales de 2017 a fin de evitar a las autoridades migratorias, que por lo general no realizan arrestos en templos y otras localidades de carácter sensible.

Agentes vestidos de civil lo detuvieron al ingresar a la oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) en Morrisville la semana pasada. Afuera de la oficina, más de dos docenas de simpatizantes fueron arrestados por cargos menores, incluyendo resistirse al arresto, después de que algunos de ellos impidieron el paso de la vagoneta en la que se trasladaba a Oliver.

El ICE había dicho previamente que Oliver, quien vivió en Estados Unidos durante dos décadas, no tenía fundamentos legales para permanecer en el país. En 2014 se declaró culpable de utilizar documentos falsos para intentar reingresar a Estados Unidos en Texas después de viajar al extranjero, según documentos de la corte.

Desde su arresto, docenas de personas han realizado manifestaciones y organizado campañas para presionar a funcionarios electos y al gobierno federal a que reviertan su decisión. Los representantes demócratas David Price y G.K. Butterfield hicieron llamados al Departamento de Seguridad Nacional para su liberación, describiendo el trato que recibió como inaceptable.

Mexicano en EEUU pierde intento de evitar deportación

Samuel Oliver Bruno se prepara para unas entrevistas mientras se encuentra refugiado en la Iglesia Metodista Unida CityWell en Durham, Carolina del Norte, el 13 de diciembre de 2017. (Casey Toth/The Charlotte Observer vía AP)

RALEIGH, Carolina del Norte (AP) — Un mexicano que se refugió en una iglesia de Carolina del Norte para no ser deportado perdió su intento para no ser enviado de regreso a su país debido a que las autoridades rechazaron su argumento de que tiene que quedarse en Estados Unidos para mantener a su familia, dijeron dos congresistas.

Las gestiones de Samuel Oliver Bruno fueron denegadas, informaron la noche del lunes los legisladores G.K. Butterfield y David Price.

No queda claro cuándo será deportado el mexicano, de 47 años. Los documentos judiciales colocados en internet dicen que está ahora en un centro de detención en el estado de Georgia. Las autoridades federales de inmigración sostienen que Oliver no tiene fundamento legal para estar en Estados Unidos.

Oliver acudió a una oficina de inmigración la semana pasada para entregar esa solicitud cuando fue detenido. Los congresistas dicen que el hombre salió de la iglesia después de 11 meses porque las autoridades le dijeron que necesitaban sus huellas dactilares para procesar el trámite.

Padres deportados de EEUU pueden perder custodia de hijos

Padres deportados de EEUU pueden perder custodia de hijos

Araceli Ramos camina con su hija de cinco años, Alexa, de la mano en un parque de San Miguel, El Salvador, el 18 de agosto de 2018. El gobierno de Estados Unidos ofrece a todos los padres deportados la posibilidad de llevarse a sus hijos con ellos, pero Ramos dijo que a ella le ordenaron firmar un documento para dejar a Alexa atrás. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Por GARANCE BURKE y MARTHA MENDOZA,  Associated Press

Mientras los deportados eran llevados del avión a la humeante pista del aeropuerto de San Salvador, una angustiada Araceli Ramos Bonilla estalló en lágrimas con una mueca de dolor en su rostro: “¡Mi hija me la están robando!”

Alexa, de cinco años, rié con su madre, Araceli Ramos, en un tiovivo en un parque en San Miguel, El Salvador, el 18 de agosto de 2018. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Habían pasado 10 semanas desde la última vez que Ramos tuvo en brazos a su hija de dos años, Alexa. Diez semanas desde que fuera arrestada cruzando la frontera de Estados Unidos en Texas y desde que las autoridades de inmigración se llevaron a la pequeña y le dijeron que no volvería a verla nunca.

Lo que vino después –una familia de crianza logró inicialmente la custodia total de Alexa– revela lo que podría ocurrir con algunos de los bebés, niños y adolescentes separados de sus familias en la frontera a principios de este año en base a una política del gobierno de Donald Trump. La iniciativa “tolerancia cero” terminó en junio, pero cientos de menores siguen detenidos, en albergues o en hogares de acogida y funcionarios estadounidenses apuntan que más de 200 no son candidatos a la reunificación o a la liberación.

Las autoridades federales insisten en que están reuniendo familias y seguirán haciéndolo. Pero una investigación de The Associated Press basada en cientos de documentos judiciales, registros migratorios y entrevistas tanto en Estados Unidos como en Centroamérica destapó agujeros en el sistema que permiten que jueces estatales otorguen la custodia de niños migrantes a familias estadounidenses sin notificar a los padres.

A día de hoy, con cientos de madres y padres deportados a miles de millas de distancia, el riesgo ha crecido de forma exponencial.

Araceli Ramos sostiene su hija de cinco años, Alexa, sobre su regazo durante una entrevista en un parque de San Miguel, El Salvador, el 18 de agosto de 2018. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Los estados suelen blindar los casos de custodia y las agencias federales encargadas de los menores migrantes no monitorean la frecuencia con la que un juez estatal permite que sean entregados en adopción. Pero proporcionando el nombre del niño y su fecha de nacimiento al tribunal de distrito, testamentario o circuito implicado, la AP halló que a veces es posible rastrear su paradero.

El caso Alexa comenzó en noviembre de 2015, bajo el gobierno del expresidente Barack Obama, luego de que Ramos huyó de El Salvador para escapar de lo que dijo era una pareja abusiva. La separación de su madre durante 15 meses expone la frágil situación legal de los niños que están bajo el cuidado de la Oficina federal de Reasentamiento de Refugiados y a un sistema irregular y con fallas que puede cambiar el curso de la vida de un niño.

Un juez de una corte rural cerca del Lago Michigan tardó 28 minutos en conceder a los padres de acogida de Alexa, Sherri y Kory Barr, su tutela temporal. La madre de la pequeña y su abogado de inmigración no fueron ni siquiera notificados del proceso.

Basándose en su experiencia con Alexa, los Barr se habían convencido de que Ramos era una mala madre y de que la niña sufriría abusos si regresaba con ella.

“Mi esposa y yo estamos enfermos por eso”, dijo Kory Barr al juez que accedió a su pedido dos días después de Navidad.

El sistema federal que tenía la custodia de Alexa alega que los tribunales estatales nunca debieron haber permitido que los padres de crianza llegaran tan lejos, sin importar lo buenas que fueses sus intenciones.

Cada sistema judicial estatal, desde Nueva York a California, gestiona los procesos de custodia y adopción de forma distinta, y en ocasiones puede haber cambios incluso entre condados.

En Missouri, una pareja local logró en 2014 la adopción del bebé de una madre guatemalteca que fue detenida en una redada antiinmigración, luego de una batalla legal de siete años. En un caso similar en Nebraska, prevaleció el derecho de otra madre guatemalteca tras cinco años y más de un millón de dólares en gastos legales donados.

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados y Bethany Christian Services, la agencia que puso a Alexa en el sistema de cuidado temporal, no realizaron comentarios sobre el caso. Pero Bethany señaló que los padres de crianza están informados de que no están autorizados a adoptar a niños migrantes.

Sin embargo, Bethany reconoció que desde la década de 1980, nueve de los 500 menores inmigrantes asignados a su programa de acogimiento han sido adoptados por familias estadounidenses. Los menores, con edades comprendidas entre tres y 18 años, fueron adoptados tras determinarse que no sería seguro ni posible que regresaran con sus familias; al menos uno pidió ser adoptado por sus padres de acogida y otro era víctima de la trata de personas, agregó la agencia.

“Nosotros no queremos nunca que las familias se separen”, dijo el director general de Bethany, Chris Palusky. “Eso es a lo que nos dedicamos, a reunir familias”.

John Sandweg, que dirigió el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos durante el gobierno de Obama, señaló que le preocupa que muchos más niños migrantes separados recientemente de sus familias puedan no volver a verlas más.

“Tenemos a los niños en Estados Unidos y a los padres en Centroamérica, y ahora están entrando en juego todas esas agencias de bienestar infantil. Es una receta para el desastre”, dijo.

En el caso de Alexa, la presión del gobierno salvadoreño, de defensores de menores y una serie de videos virales de Ramos publicados en Facebook en los que expresaba su amor por la niña ayudaron a la reunificación.

Un mes después de que los Barr obtuvieron la tutela de Alexa, el Departamento de Justicia ejerció una fuerte presión sobre el tribunal de Michigan.

“Los Barr obtuvieron la orden de custodia temporal en violación de la ley federal”, argumentaron los fiscales a principios de 2017.

La pareja retiró pronto su petición para quedarse con Alexa y en un escrito dijeron al juez que el gobierno federal los había puesto en “una esquina sin salida”.

Ahora, de regreso con su madre en El Salvador desde hace más de un año, Alexa ha vuelto a aprender el español que olvidó y a forjar una relación con su madre y sus hermanos. Cuando quiere atención, susurra al oído de su madre y suele colocar sus pequeños brazos en torno a la cintura y el cuello de Ramos.

De vez en cuando, Ramos permite que Alexa hable con los Barr, que también quieren a la pequeña.

Temiendo por los padres separados de sus hijos bajo la política de tolerancia cero, Ramos volvió a recurrir a Facebook recientemente para pedirles que luchen por recuperar a sus hijos.

“No deje de luchar porque uno por sus hijos es capaz de ir hasta el fin del mundo”, apuntó durante una entrevista. “Son nuestros hijos y no son de ellos”.

Familias de deportados piden ayuda al público para sostenerse

Por ANA MILENA VARÓN, EFE

MIAMI, Florida (EFE) – Cada vez es mayor el número de familias en EE.UU. afectadas por la política de “tolerancia cero” hacia la inmigración ilegal que deben pedir ayuda al público para costearse la vivienda, la alimentación y los servicios básicos, advierten organizaciones de defensa de los inmigrantes.

Los llamados de solidaridad para ayudar a hijos de inmigrantes arrestados o deportados se escuchan de costa a costa del país.

“Ahora estamos viendo más necesidad en las familias que quedan endeudadas (por costos legales) o sin el ser querido que mantenía el hogar”, asegura Jorge Mario Cabrera, vocero de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes.

Mientras las organizaciones se enfocan en proveer asesoría legal a los afectados, la ayuda para costear el día a día está quedando en manos del público.

Un ejemplo de este calvario es el pedido de ayuda de los cinco hijos de Jesús, quién fue detenido por oficiales del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) el pasado 23 de mayo.

La familia del inmigrante, que era el único sostén económico para su mujer, que padece epilepsia, y sus hijos, no ha podido pagar la renta y esta a punto de ser desalojada de su vivienda en el condado Orange de California.

Hace dos días la familia se vio obligada a abrir una cuenta en el sitio Gofundme para recolectar dinero con urgencia.

En esta coyuntura el único camino que activistas como Cabrera tienen es apelar a la solidaridad del público y de sus amigos.

InquilinXs UnidXs por Justicia en Minneapolis,Minesota, está utilizando la misma estrategia. Aunque se dedican a luchar por el acceso a viviendas, los activistas tuvieron que apoyar a Mario, un inmigrante ecuatoriano detenido esta semana, y abrir una colecta.

La petición está acompañada de la foto del pequeño Kevin, que quedó desprotegido tras el arresto de su padre.

A pocas millas de donde vive Kevin, en St. Paul, los cinco hijos de Laura Moreno también apelaron a la solidaridad del público. La inmigrante fue detenida el 17 de julio por evadir una orden de deportación de 1999.

Una investigación del Centro para la Innovación de la Justicia Racial estimó que en 2016 más de 20.000 niños terminaron viviendo en hogares de paso después que sus padres fueron deportados.

Ahora la política de “tolerancia cero” que está aplicando el Gobierno Donald Trump está causando una crisis sin precedentes, de acuerdo con Maru Mora-Villalpando, fundadora de Latino Advocacy, organización basada en Seattle, Washington.

“Es como un secuestro porque se llevan al proveedor (económico de la familia) pero además las familias tienen que preocuparse por pagar el rescate, o sea la defensa legal, pero eso no garantiza que la persona regrese” explica.

Mora-Villalpando advierte que además de los gastos de vivienda, alimentación, transporte y salud, las familias deben asumir los costos legales de defensa del detenido y de permanencia en la cárcel, que incluye dinero para las llamadas y otros gastos.

La gran mayoría de los deportados son hombres.

“Aunque estaban casadas y compartían responsabilidades con sus esposos, ahora miles de mujeres se están convirtiendo en madres solteras y cabezas de familia por la política de este gobierno”, apunta Mora-Villalpando.

Este es el caso de Ana Castillo, ciudadana estadounidense que a pesar de estar casada e intentar una petición para regularizar a su esposo, Marlon Castillo, terminó convirtiéndose en madre soltera de dos niñas.

El inmigrante guatemalteco de 46 años fue detenido en medio de una cita en el Servicio de Ciudadanía de Inmigración (USCIS) para regularizar su estatus el pasado 21 de mayo y a pesar de las súplicas de su familia, quince días después fue expulsado del país.

Los compañeros de la Universidad del Sur de California, donde Castillo trabaja, abrieron una colecta para ayudarle a pagar los gastos mientras ella intenta por las vías legales traer a su esposo de regreso.

El futuro económico para estas familias no parece ser muy halagüeño. Cabrera advierte de que “lo peor de todo es que la asistencia económica organizada es muy limitada o casi inexistente”

Mora-Villalpando agrega que la situación se complica aún más cuando la persona que queda a cargo de los niños es indocumentada.

“Con este gobierno no se atreven a pedir ayuda para niños estadounidenses por temor a ser también deportados”, dice.

EEUU deporta a víctimas de delitos que esperan visa especial

Bernardo Reyes Rodríguez lee mensajes en su teléfono en La Marquesa, México, el 30 de junio del 2018. Reyes fue detenido en EEUU y deportado por no tener permiso de residencia a pesar de que estaba tramitando una visa especial para víctimas de delitos ocurridos en suelo estadounidense. (AP Photo/Anthony Vázquez)

Por ALEXANDRA VILLARREAL

Las personas que están en el país ilegalmente y que son víctimas de delitos cuentan con un recurso que a menudo es su única opción de evitar ser deportadas y conseguir la ciudadanía: una visa especial que las alienta a resolver sus casos y a facilitar la captura de sus victimarios.

Pero el gobierno parece estar acelerando la detención y deportación de quienes solicitan la “visa U” en el marco del endurecimiento de las políticas contra la inmigración ilegal del gobierno de Donald Trump.

“Se presentan estos casos rutinariamente”, afirmó Cecilia Friedman Levin, consejera de ASIST, una organización que colabora con activistas y abogados que representan a inmigrantes que han sido víctimas de actos violentos. “Para mí, eso socava el espíritu de la protección ofrecida”.

Quienes se acogen al programa pueden conseguir una visa primero, la “tarjeta verde” de residencia después y finalmente pedir la ciudadanía. Pero debido a la lentitud del trámite y a las nuevas políticas hacia la inmigración ilegal –algo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) niega, pero que ha sido fehacientemente demostrado por los activistas–, los inmigrantes están siendo deportados antes de poder completar el proceso para legalizar su status.

Sus solicitudes permanecen activas incluso después de que son deportados, pero son separados de sus familias a veces por años mientras esperan que se concluya el trámite. Activistas afirman que algunos solicitantes vinieron a Estados Unidos huyéndole a la violencia o a amenazas recibidas en sus países y que corren serio peligro al regresar, por más que sea temporalmente.

Lo que es peor todavía, sostienen, es que estas medidas desalientan la denuncia de delitos ya que las personas sin permiso de residencia se muestran renuentes a acudir a las autoridades. Esto implica que los victimarios siguen libres y pueden volver a delinquir.

Cientos de deportados a Centroamérica huyeron de pandillas

Un miembro de la mara Barrio 18 entra al Centro de Justicia de El Salvador, el 2 de julio de 2018. Barrio 18 y su rival, la Mara Salvatrucha, se reparten los vecindarios de clase obrera como si de un tablero de ajedrez se tratase. Extorsionan a quienes hacen negocio en sus territorios. Y quienes se niegan a pagar, son asesinados. (AP Foto/Salvador Meléndez)

Por ANDREW SELSKY

SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué viajó más de mil millas en autobús y luego vadeó el Río Grande con un pequeño grupo de viajeros desesperados? ¿Por qué se adentró en el árido paisaje de Texas con nada más que la gorra negra de su esposo para protegerse del sol?

Es simple, dijo la mujer.

Un grupo de miembros de la pandilla Barrio 18, caminan en fila y con grilletes hacia el Centro de Justicia de San Salvador, el 2 de julio de 2018. (AP Foto/Salvador Melendez)

Había perdido a dos hijos por la violencia de las pandillas que reina en El Salvador. Su miedo, explicó, era que los asesinos “quieran terminar con la familia”.

Así que la pareja puso rumbo a Estados Unidos el 13 de mayo con la esperanza de llegar a Houston y reencontrarse con el único hijo que les queda vivo, que cruzó la frontera estadounidense hace un año.

Pero no lo lograron. Apenas una hora después de entrar a Texas, fueron capturados por la Patrulla Fronteriza, separados y encarcelados. La madre, con las muñecas y los tobillos encadenados, fue deportada el jueves junto con alrededor de 100 migrantes a El Salvador.

Miles de personas están en su misma situación: huyen de las pandillas extremadamente violentas de El Salvador, Honduras y Guatemala pero son interceptados cerca de la frontera de Estados Unidos y devueltos a sus países por la política de tolerancia cero del presidente Donald Trump.

Trump tuiteó en junio que los “inmigrantes ilegales, no importa lo malos que puedan ser… entran e infestan nuestro país, como MS-13”.

Sin embargo, son pocos los miembros de estas organizaciones que intentan entrar a Estados Unidos. En el año fiscal de 2017, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos realizó 310,531 detenciones de personas que estaban en el país de forma ilegal, pero solo el 0.09% de los casos pertenecían a las maras que operan en Centroamérica, según las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

En cambio, es más común que las personas que escapan de esas bandas sean las que intentan cruzar la frontera estadounidense.

El 2000, los agentes fronterizos interceptaron a 1,6 millones de inmigrantes en la frontera suroccidental. De ellos, el 98% eran mexicanos y apenas 29,000 procedían de otras naciones.

Pero en 2017 las autoridades estadounidenses sorprendieron a casi 163,000 migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras frente a unos 128,000 mexicanos.

“Esta es gente que, en su gran mayoría, está huyendo de la violencia”, señaló Kathy Bougher, una estadounidense que investiga el costo humano de la inmigración. “Y necesitan seguridad”.

Son personas como la mujer que estaba en el centro de inmigración para “repatriados”, sumida de nuevo en la pesadilla de regresar a uno de los países más violentos del mundo.

“Tengo miedo”, señaló mientras esperaba a ser procesada para su regreso. Un funcionario gubernamental llamó por su nombre a otros retornados, que estaban sentados en sillas de plástico naranja, para poder devolverles sus posesiones, metidas en pequeñas bolsas de plástico.

Por temores sobre su seguridad, la mujer habló con The Associated Press solo bajo la condición de que no sería identificada. Con su larga melena trenzada en un moño y vestida con unos ajustados pantalones vaqueros y una camiseta blanca manchada a la altura del estómago, la zona donde estaban las cadenas que llevó en el vuelo de deportación, apuntó que no tenía otra opción más que regresara su casa.

Temía retornar a una localidad en la que las calculadoras pandillas ejercen el control, a un lugar donde sus miembros a menudo obligan a mujeres jóvenes a convertirse en esclavas sexuales, y matan a las que se niegan.

La simple sospecha de ser leal a una banda rival es una sentencia de muerte. Muchas víctimas de este tipo de violencia suelen ser enterradas en fosas comunes y nunca se llegan a ser encontradas.

Un día del pasado mes de noviembre, la hija de 19 años de la mujer salió de su casa. Iba a ver a una amiga, contó.

“Ella me dijo ‘Mira mami, ya voy a venir. Voy allí no más’”, recordó la mujer. “Pero de allí no regresó ella”.

La mujer explicó que acudió a la policía y a la fiscalía, pero nadie siguió el caso.

Cuatro meses más tarde, su hijo de 15 años le dijo que iba a comprar. Tampoco regresó y la madre decidió marcharse antes de que ella y su pareja desaparecieran también.

En la capital de El Salvador la amenaza de las maras no está presente a simple vista. El caótico tránsito de San Salvador discurre junto a hoteles, restaurants de comida chatarra estadounidenses, edificios de oficinas de concreto y verdes rotondas.

Pero a lo largo de las avenidas hay estrechas calles que llevan a vecindarios de clase baja, con chabolas con tejados de metal, muchas de ellas levantadas por refugiados de la guerra que sacudió el país entre 1980 y 1992. Estos son los lugares donde los jóvenes que se unieron a pandillas en Los Ángeles, o quienes que formaron las suyas para protegerse a sí mismos y a su comunidad de los refugiados, echaron raíces tras ser deportados desde Estados Unidos.

Hoy en día, los jóvenes merodean por las entradas con celulares, para enviar una alerta si la policía o extraños acceden a la zona. Se les llama “posteros”, como los omnipresentes postes de concreto de los servicios públicos que pueblan el país.

Incluso La Chacra, el barrio o “colonia” donde se ubica el centro para inmigrantes detrás de altos muros de piedra, está controlado por la Mara Salvatrucha.

MS-13, como se conoce también a la organización, y su rival Barrio 18 se dividen los vecindarios de clase obrera como si de un tablero de ajedrez se tratase. Extorsionan a quienes hacen negocio en sus territorios. Y quienes se niegan a pagar, son asesinados.

El conductor de Uber José Antonio Avalos sabe bien lo que es manejar en una de esas barriadas.

“Todas las mañana, recojo a una niña frente a la colonia”, dijo Avalos, señalando a una zona estrecha en una sección de La Chacra mientras pasa por la calle principal. “No puedo entrar porque me pedirán mi carné. Si por tu dirección ven que eres de una zona de la ciudad controlada por la banda rival, pensarán que los estás espiando y podrían matarte. Si tienes suerte, te dirán que te vayas y te advertirán que te matarán la próxima vez”.

El problema está tan generalizado que un legislador pidió recientemente a la Asamblea Legislativa que los carnés no incluyan dirección “para salvar vidas”.

El gobierno salvadoreño comenzó a tomar duras medidas contra las bandas hace 15 años, lo que resultó en la encarcelación de miles de sus miembros. Sin embargo, siguen proliferando y algunas controlan sus operaciones con un celular desde el penal. El ministro salvadoreño de Defensa dijo en 2015 que en el país había 60,000 pandilleros frente a una fuerza combinada de 50,000 policías y soldados.

Los miembros de esas fuerzas de seguridad contribuyen a la violencia que está causando la migración hacia el norte. Se estima que policías y soldados, operando tanto de forma oficial como en “grupos de exterminio” clandestinos, son responsables de entre el 10 y el 15% de las amenazas y la violencia, de acuerdo con organizaciones no gubernamentales. La mera sospecha de pertenecer a una pandilla es suficiente para tener un problema.

“Ser joven en una colonia es un delito”, dijo Armando De Paz, de Cristosal, un grupo de derechos centrado Centroamérica.

Una noche de enero, la policía paró a Henry Cubías, de 22 años, cuando regresaba en bicicleta a su casa desde su trabajo como portero nocturno en una instalación de arte. Los agentes, algunos de ellos con capuchas, lo llevaron a una zona oscura y le echaron la cabeza hacia atrás tirándole de la melena, y le dijeron que podrían hacerlo desaparecer si no informaba sobre las actividades de las maras, apuntó Cubías en una entrevista. Él no tenía nada que contar porque, por el momento, ha logrado mantenerse aleado de la que controla su vecindario.

“Yo sentía ese temor porque estaba solo, no había gente”, dijo Cubías rememorando su encuentro con la policía. “Le pedí a Dios que me ayudara”.

Entonces tuvo un golpe de suerte. Su tía pasó caminando por allí y avisó a los padres del joven. Su padre y su madre, quien estaba enferma de cáncer y solo le quedaba un mes de vida, confrontaron a los agentes, que lo dejaron marchar, señaló Cubías.

Para quienes están amenazados por las pandillas, hay pocas opciones. Mudarse a otra localidad suele ser solo una solución en el corto plazo en El Salvador, que es más pequeño que el estado de Massachusetts. Al final, los miembros de las maras es probable que pregunten a los jóvenes de donde vienen. Y puede tratarse de la misma organización que controla la antigua colonia o localidad de la que procede. O podría ser una banda rival.

“Este es un país pequeño y no hay dónde esconderse”, señaló Bougher.

Se estima que el 90% de las personas que son deportadas desde Estados Unidos vuelven a intentar llegar apenas unos días después, explicó Mauro Verzeletti, un sacerdote brasileño que dirige el Centro Pastoral para Migrantes, que cuenta con albergues tanto en el país como en México.

La mujer que regresó el jueves a El Salvador dijo que no sabe si volverá a intentarlo. Primero tiene que saber cuándo regresará su pareja, que sigue detenido en Texas.

Pidió prestado un celular para llamar a un amigo que la lleve a la pequeña casa de ladrillo que pensó que había abandonado para siempre, a una vivienda llena de recuerdos de sus hijos ausentes, en un pueblo controlado por la violencia de las maras.

Preguntada por quién la esperaba allí, miró al suelo y respondió con un hilo de voz: “Nadie”.

Georgia: YouTube retira aviso antiinmigrante de político republicano

El video en que el candidato republicano a gobernador de Georgia Michael Williams exhibe su “Autobús de la Deportación” diciendo que pondrá allí a inmigrantes que no tengan permiso de estar en Estados Unidos. Foto suministrada por la campaña de Williams. (Campaña de Michael Williams, vía AP)

GAINESVILLE, Georgia (AP) — YouTube retiró el anuncio en que un candidato republicano a la gobernación de Georgia exhibe un “Autobús de la Deportación” y amenaza con colocar allí a los inmigrantes que carezcan de permiso para estar en Estados Unidos.

El aviso de Michael Williams, quien dirigió la campaña de Donald Trump en Georgia durante la contienda presidencial, fue retirado el miércoles de la plataforma de videos en internet por ser considerado racista.

En el aviso, Williams promete usar el autobús para “enviar a casa” a los inmigrantes sin documentos legales.

La campaña del republicano está llevando a comunidades en Georgia que él tilda de “peligrosas ciudades santuario”.

El alcalde de Clarkston, Ted Terry, le ha pedido a la policía estar alerta por la posibilidad de que militantes republicanos traten de montar gente a la fuerza en los camiones.

Antonio Molina, líder de un grupo de demócratas hispanos en Georgia, denunció que los republicanos están usando tácticas intimidatorias y retórica racista en la campaña.

La campaña republicana para gobernador de Georgia se ha caracterizado por anuncios subidos de tono. Otro mensaje muestra a un candidato republicano apuntando su pistola contra un joven.

La primaria es el 22 de mayo.

Guerra entre servicio de inmigración y autoridades locales

Por ALANNA DURKIN RICHER

BOSTON, Massachusetts (AP) — Inmigrantes que viven en el país sin permiso de residencia y que han sido acusados de algún delito enfrentan un panorama incierto porque las autoridades de inmigración no les permiten ser procesados por temor a que se les niegue la oportunidad de deportarlos.

Foto sin fecha entregada por Yaritza Moreno que muestra a Moreno (der) con su esposo Samuel Pensamiento, un inmigrante que vivía en EEUU sin permiso de residencia que había sido acusado de abandonar la escena de un accidente. (Yaritza Moreno via AP)

Defensores de los inmigrantes afirman que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (conocido como ICE, por sus siglas en inglés) está impidiendo sus procesos, generando caos y obligando a los fiscales a buscarle la vuelta a cada caso para poder llevar a los imputados delante de un juez.

Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, el ICE se ha enfocado específicamente en imputados que todavía no han sido hallados culpables, lo que representa un viro respecto a la política seguida por Barack Obama, que le apuntaba mayormente a los ya condenados, según dicen abogados. Activistas sostienen que el ICE a veces invoca los presuntos delitos de un inmigrante para impulsar su deportación pero luego no dejan que respondan a las acusaciones.

“Hay una especia de guerra abierta entre el gobierno federal y los estados y las localidades”, aseguró Muzaffar Bhishti, director de la oficina del Instituto de Políticas de Inmigración de la Facultad de Leyes de la Universidad de Nueva York.

Si bien no está claro cuántos acusados no han podido presentarse ante los tribunales, se están presentando casos en todo el país, sobre todo en las así llamadas “ciudades y estados santuario”, cuyas autoridades no cooperan con el servicio de inmigración.

El ICE no lleva la cuenta de cuántos detenidos tienen pendientes procesos tras haber sido acusados de delitos ni la frecuencia con que no son entregados a las policías locales para que sean juzgados, según una portavoz de esa dependencia.

En un caso, un individuo acusado de violar a una menor fue deportado –básicamente, quedó en libertad en su país– sin haber sido juzgado.

El ICE no está obligado a acatar las órdenes de los jueces de entregar a un detenidos para que se presente ante un tribunal. Y las autoridades federales dicen que no lo harán si no tienen garantías de que la persona será devuelta a la custodia federal cuando se complete el proceso.

“Hacemos todo lo posible para que esta gente sea juzgada, pero también tenemos que hacer nuestro trabajo”, afirmó el director interino del ICE Thomas Homan a la Associated Press en una entrevista el mes pasado. “Si realmente quieren hacer cumplir las leyes penales, colaboren con nosotros. Nosotros queremos lo mismo, pero no nos están ayudando”.

El tema llegó a un punto crítico en Massachusetts, donde la Corte Suprema estatal prohibió específicamente a la policía local el año pasado entregar inmigrantes detenidos al servicio de inmigración. El ICE respondió negándose a entregar a los presos para que sean juzgados por los delitos de los que se los acusa.

Abogados de Connecticut, Nueva York y California dicen que el problema se agravó desde la llegada de Trump porque el ICE está deteniendo más inmigrantes con casos pendientes.

A veces los arrestados son enviados a centros de detención distantes, lo que hace prácticamente imposible que se presenten a sus vistas. Tanika Vigil, de la Red de Defensa del Inmigrante de Rocky Mountain, dijo que algunos detenidos en Colorado tienen casos pendientes en Utah, pero las autoridades locales no piensan trasladarlos porque es un trámite complejo y costoso.

Mary Moritary, principal defensor de oficio del condado de Hennepin en Minnensota, calcula que el ICE evitó que unas 30 personas fuesen juzgadas, sin permitir siquiera que se les asignase un abogado de oficio, lo que implica que nadie las representa en un juzgado.

“El ICE está arrestando gente con procesos penales pendientes a sabiendas de que, al hacerlo, está interfiriendo con sus procesos”, expresó Raha Jorjani, de la oficina de abogados de oficio del condado de Alameda, California.

El ICE aduce que las comunidades que no les entregan a los inmigrantes sin papeles ponen en peligro al público al permitir que personas sospechosas de haber cometido un delito queden en libertad. Mencionan el caso de un individuo liberado en Filadelfia luego de que se desestimase una acusación de agresión, a pesar de que había sido requerido por el ICE, quien luego fue acusado de violar a una menor.

Jueces federales, sin embargo, han dicho que retener a alguien a pedido del ICE es inconstitucional.

En Massachusetts los fiscales estaban listos para llevar a juicio en marzo al guatemalteco Víctor Ramírez, acusado de violar a una menor y de otros cargos. Fue apresado por el ICE al salir de una oficina a la que debía presentarse en cumplimiento de los requisitos de su libertad condicional en septiembre y el organismo se negó a entregarlo a la custodia estatal para que fuese juzgado, de acuerdo con una portavoz de la fiscalía de Essex.

Un juez estatal ordenó el arresto de Ramírez cuando este no se presentó a una vista. Pero Ramírez, que podía ser condenado a cadena perpetua de ser hallado culpable, fue deportado la semana pasada, según el ICE.

“La víctima no puede buscar que se haga justicia en un tribunal, y el acusado tampoco puede buscar justicia” si es inocente, declaró la portavoz de la fiscalía Carri Kimball-Monahan.

El abogado de Ramírez no respondió a una llamada telefónica de la AP.

Al menos un juzgado en Connecticut está empleando videollamadas para permitir a los detenidos participar en sus vistas porque están presos en Alabama, según Elisa Villa, subjefa de los abogados de oficio. Indicó que rara vez el ICE permite que los detenidos se presenten en tribunales estatales de Connecticut.

Lo peor de todo es que las acusaciones de delitos penales son a menudo usadas en contra de los arrestados en sus casos ante los tribunales de inmigración, de acuerdo con varios abogados contactados por la AP.

El abogado de Connecticut Anthony Collins dijo que un juez de inmigración se negó hace poco a liberar a su cliente bajo fianza y a aprobar una solicitud que hubiese impedido su deportación porque el hombre estaba acusado de alterar el orden público.

Para que su cliente fuese entregado a la custodia del estado y pudiese ser juzgado, dijo Collins, tuvo que asegurar que el hombre no quedaría en libertad bajo fianza hasta que su caso fuese asignado a alguien y que se notificaría al ICE cuando eso sucediese, para que pudiese ser colocado nueva mente bajo custodia federal.

La deportación es una buena noticia para alguien que se expone a ser condenado a cadena perpetua. Pero no permitir que alguien resuelva su caso –que a veces involucra una falta menor de la que puede ser inocente– antes de ser deportado puede impedir que regrese al país legalmente, señalan los abogados.

Esa fue la inquietud de Samuel Pensamiento, acusado de huir del lugar de un accidente y a quien se le impidió presentarse ante un juzgado hasta que intervino la Unión de Libertades Civiles de Massachusetts.

Vídeo muestra agentes intentando expulsar hombre de EEUU a México sin trámite

SAN DIEGO, California (EFE) – Dos agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. fueron sorprendidos cuando intentaban expulsar del país a un hombre “que parecía mexicano” sin pasar por los protocolos de repatriación establecidos, según dejó constancia un vídeo difundido hoy.

El incidente se registró hace más de un año (marzo de 2017) en el cruce fronterizo entre Caléxico (California) y Mexicali (México), cuando una oficial mexicana reprendió a los agentes en el momento en que se aproximaban a la línea divisoria con el hombre.

La agente les recordó que en virtud de un acuerdo entre Estados Unidos y México, antes de ser repatriada, toda persona debe pasar por un trámite consular de confirmación de su nacionalidad.

En el vídeo obtenido por NBC News se observa cómo un agente de Patrulla Fronteriza que menciona tener “20 años haciendo esto” dice que le está haciendo un favor al individuo al acompañarlo hacia el lado mexicano.

Sin embargo, una agente de inmigración de México le recuerda que los acuerdos de repatriación entre ambos países lo obligan a procesarlo de otra manera.

“Creo que es mexicano, va a regresar a su país”, explica el agente de Patrulla Fronteriza.

“Fíjate, ni siquiera sabes si es mexicano o no”, contesta la autoridad mexicana.

“Parece”, insiste el oficial estadounidense.

Cuando el hombre, quien vestía únicamente un pantalón y parecía lastimado en una rodilla, logra ponerse de pie, camina desvariado todavía del lado estadounidense hacia los carriles por los que los automóviles ingresan hacia México.

Posteriormente, de acuerdo con el reporte de la cadena NBC, los agentes fronterizos llevaron al hombre hacia un parque, en donde un mes después fue nuevamente sorprendido por oficiales, solo que en esta ocasión fue llevado al Consulado mexicano.

Allí se confirmó que era ciudadano mexicano y había sido detenido a lo largo de la franja fronteriza en 16 ocasiones previas.

Los dos agentes involucrados fueron reprendidos por la acción, pero permanecieron en sus puestos, detalla el reporte de prensa.

EEUU deporta a mexicano que sirvió a su ejército

CHICAGO, Illinois (AP) — Un veterano del ejército estadounidense que estuvo dos veces en Afganistán y había vivido en Estados Unidos desde los 8 años de edad fue deportado a México porque en el 2008 se le halló culpable de tráfico de drogas.

Esperanza Pérez y su esposo Miguel Pérez, padres del veterano de guerra Miguel Pérez hijo, permanecen de pie entre numerosos exsoldados durante una conferencia de prensa en la iglesia metodista Lincoln en Chicago, el 27 de febrero de 2018. (Abel Uribe/Chicago Tribune vía AP)

Miguel Pérez Jr., de 39 años y residente de Chicago, fue deportado el viernes, confirmó el lunes el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). La deportación se realizó luego que el ex militar perdió una apelación para quedarse en Estados Unidos y el gobernador de Illinois, Bruce Rauner, se negó a indultarlo.

Pérez fue trasladado de Gary, Indiana, a Brownsville, Texas, donde agentes lo escoltaron hasta el otro lado de la frontera y lo entregaron a las autoridades mexicanas, dijeron funcionarios del ICE. Pérez dijo el jueves en la noche al Chicago Tribune desde un centro de detención, “no me estoy yendo. Me están sacando”.

“Ni por 30 segundos fui ilegal en este país”, agregó. “Fui a la guerra por este país, por amor a este país”.

Los padres de Pérez, el señor Miguel y la señora Esperanza Montes Pérez, dijeron que están destrozados pero continuarán luchando por el regreso de su hijo.

El padre dijo que su hijo fue a una guerra en la que defendió a la gente que ahora lo está echando como si fuera basura, según el periódico.

Las autoridades dicen que Pérez le dio a un agente encubierto una laptop con 4.4 libras de cocaína el 26 de noviembre del 2008. Se declaró culpable y pasó a custodia del ICE luego de cumplir la mitad de su sentencia de 15 años.

La senadora federal Tammy Duckworth es una de las personas que ha apoyado a Pérez. El viernes, escribió una carta a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, para solicitarle que cancelara la deportación de Pérez y revisara el caso personalmente. Duckworth dijo que no había recibido respuesta alguna.

“Por lo menos, se debió haber permitido a Miguel agotar todas sus opciones jurídicas antes de que lo echaran del país en forma apresurada y bajo un manto de secrecía”, afirmó Duckworth el sábado.

El ICE ha dicho que delibera bastante en la revisión de los casos que implican a ex militares estadounidenses y que cualquier acción para deportar a uno de ellos debe contar con la autorización de los superiores y una evaluación del abogado principal.