Fernández y Tigres del Norte invitan “dreamers” a su gira

ARCHIVO – Fotografía cedida por Univisión donde aparece el cantante Alejandro Fernández y el grupo Los Tigres del Norte durante la gala de la trigésima edición de los Premios Lo Nuestro a la Música Latina el jueves 22 de febrero de 2018, en el American Airlines Arena, en Miami, Florida. (EFE/Univisión)

LOS ANGELES, California (AP) — Alejandro Fernández y Los Tigres del Norte invitan a los “dreamers” a su gira “Rompiendo fonteras”, que realizaran entre agosto y noviembre por Estados Unidos.

Los astros de la música regional mexicana tendrán asientos reservados para estos jóvenes que ingresaron de manera ilegal al país cuando eran niños, y que habían estado protegidos por la ley estadounidense durante el gobierno del presidente Barack Obama pero ahora enfrentan un futuro incierto bajo el mandato de Donald Trump.

Los “dreamers” tendrán entrada gratuita a los conciertos y compartirán sus experiencias en videos que los artistas irán publicando.

Fernández y Los Tigres trabajan en esta campaña con Dream Big Nevada y la activista social y “dreamer” Astrid Silva, quien hizo el anuncio el jueves en un video en YouTube.

Silva se encargará de verificar el registro de quienes deseen asistir a los conciertos de esta manera para confirmar que de hecho sean “dreamers”.

La gira “Rompiendo fronteras” comienza el 23 de agosto en Newark, Nueva Jersey, e incluye paradas en ciudades como Miami, Dallas, Houston, Washington, San Diego, Los Ángeles y Chicago, antes de cerrar el 18 de noviembre en Denver, Colorado.

“Dreamers” usan estudios de Derecho para desafiar al sistema

Por PAT EATON-ROBB

HARTFORD, Connecticut (AP) — Los padres de Denia Pérez la llevaron de forma ilegal desde México a Estados Unidos cuando tenía 11 años. El mes pasado se convirtió en una de las primeras de los llamados “dreamers” en obtener un título de Derecho. Y ahora, ella y otros en su situación están utilizando sus conocimientos legales para enfrenar al sistema y poder ejercer su profesión.

La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), un programa que permite que los migrantes jóvenes que llegaron al país antes de 2007 y con menos de 16 años acudan a la escuela gracias a permisos renovables de trabajo, se convirtió en ley en 2012. Esto supone que los beneficiarios tuvieron el tiempo justo para graduarse en la escuela secundaria, obtener un título de técnico superior universitario y, en algunos casos, una licenciatura en Derecho.

El problema: la mayoría de los estados requieren que los abogados en activo sean ciudadanos de Estados Unidos o tengan residencia legal en el país.

Relativamente pocos “dreamers” han completado los estudios de Derecho, dijo Sheila Hayre, una profesora invitada de Derecho en la Quinnipiac University, donde Pérez se graduó este mes. Es la única que ha solicitado entrar al colegio de abogados de Connecticut. Pero tanto ella como sus compañeros que estudian Derecho se están preparando para presentar batalla.

“Para mí es normal tomar todas estas cosas en consideración cuando estoy planeando qué hacer con mi vida”, apuntó Pérez, que tiene previsto tomar el examen que le permitiría ejercer como abogada en julio. “Pero una parte de mí está frustrada y cansada de tener que pasar por todos estos aros para seguir viviendo y contribuyendo en este país”.

Tres días después de su graduación, prestó testimonio ante un comité del colegio de abogados de Connecticut buscando un cambio en la normativa que le permita trabajar. Otros estados, incluyendo California, Florida, Nueva York y Nueva Jersey, ya aprobaron leyes o implementaron modificaciones legales similares para abrir sus puertas a estudiantes DACA.

Tras escuchar los casos de varios “dreamers” que aplicaron para entrar en el colectivo en varios estados, la Asociación de Colegios de Abogados de Estados Unidos aprobó en agosto una resolución en la que se insta al Congreso a enmendar la ley federal, añadiendo que la admisión no debería negarse basándose solo en el estatus migratorio de una persona.

“Hemos invertido en estos jóvenes”, explicó Hayre. “Así que tiene sentido que contribuyan a la economía y a la sociedad como miembros productivos de la comunidad. De alguna forma, es una obviedad”.

Pero hay quien se opone al cambio. Hans von Spakovsky, miembro de la Heritage Foundation, dijo que le resulta inconcebible que cualquiera que no tenga residencia legal pueda tomar juramento para cumplir las leyes de Estados Unidos y unirse al cuerpo de abogados.

“De hecho, están en el país de forma ilegal y violando la ley federal”, argumentó Spakovsky, quien también es abogado. “Yo no querría que alguien que está en el país ilegalmente me defienda, porque el Departamento de Seguridad Nacional puede intervenir en cualquier momento y expulsar a mi abogado del país y entonces, ¿qué haría?”.

Pérez tiene tres hermanos pequeños que nacieron en Estados Unidos y por lo tanto tienen la ciudadanía. Sus padres tienen permisos de residencia, conocidos como green card. Ella es la única de su familia sin estatus legal.

Si su propuesta sale adelante, se permitiría la entrada al colegio de abogados a cualquiera “autorizado a trabajar de forma legal en Estados Unidos”. Esto incluiría a los titulares de un permiso DACA.

Jueces escucharon argumentos sobre fin de programa DACA

Judy Weatherly participa en una protesta a favor de mantener el programa DACA que protege de la deportación a miles de jóvenes migrantes, el 15 de septiembre de 2017 en San Francisco. (AP Foto/Jeff Chiu, File)

Por SUDHIN THANAWALA

SAN FRANCISCO, California (AP) — Los jueces de una corte federal de apelaciones lucieron escépticos el martes sobre los argumentos del gobierno del presidente Donald Trump de que los tribunales carecen de autoridad para revisar la decisión del mandatario de poner fin al programa que protege de la deportación a algunos inmigrantes jóvenes.

Los abogados de ambas partes pasaron más de una hora presentado sus alegatos respecto al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus iniciales en inglés) y respondiendo las preguntas de los tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del 9no Circuito en Pasadena, California.

Se trata de la primera vez que una corte federal de apelaciones escucha argumentos en este caso.

Los jueces se centraron en la lógica del gobierno para cancelar el programa y si contaban con la autoridad para intervenir, y no en los méritos para permitir que cientos de miles de jóvenes inmigrantes permanezcan en Estados Unidos amparados por el DACA.

El gobierno federal ha dicho que decidió cancelar el programa el año pasado debido a que Texas y otros estados amenazaron con entablar una demanda, lo que incrementaba la posibilidad de que el programa finalizara de manera caótica.

Hashim Mooppan, abogado del Departamento de Justicia, argumentó el martes que la decisión del gobierno no puede revisarse en los tribunales y defendió la medida en contra de las afirmaciones de que era arbitraria y caprichosa.

“Es una cuestión en la que una agencia dice: ‘No vamos a tener una política que podría resultar ilegal’”, dijo Mooppan a los jueces. “Es algo perfectamente lógico”.

La decisión de Trump de cancelar el DACA originó demandas en todo el país, incluyendo una por parte del estado de California.

El juez que preside esa y otras cuatro demandas relacionadas, falló en contra del gobierno y reactivó el programa que fue instaurado por el entonces mandatario Barack Obama.

Ahora, el gobierno de Trump quiere que el 9no Circuito deseche ese fallo. Se desconoce cuándo es que la corte dará a conocer su veredicto.

La jueza del 9no Circuito Kim Wardlaw destacó durante la audiencia que otras cortes de apelaciones han revisado una política migratoria similar del gobierno de Obama.

La jueza Jacqueline Nguyen cuestionó si las cortes pueden intervenir en caso de pensar que DACA sea legal y estuvo en desacuerdo con la postura del gobierno de que es un programa anticonstitucional.

El DACA ha protegido a alrededor de 700,000 personas que llegaron ilegalmente a Estados Unidos durante su infancia o que arribaron con sus familiares y permanecieron una vez que había expirado su visa.

Activistas aprovechan el Cinco de Mayo para recaudar fondos para inmigrantes

LOS ÁNGELES, California (EFE) – Dispuestos a canalizar el entusiasmo de la festividad del Cinco de Mayo en Estados Unidos, un grupo de “soñadores” lanzó el sábado la campaña #CincoDeDACA que pretende recaudar fondos para ayudar a pagar la renovación de este permiso migratorio.

La idea se debe a Nestor Ruiz, un joven amparado por el programa de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y miembro de la organización United We Dream (UWD), quien pensó que se debería utilizar este festejo para ayudar a los “soñadores”.

Inicialmente, #CincoDeDACA pretendía recaudar fondos para que cinco beneficiarios de este programa federal, conocidos como “soñadores”, pudieran pagar la renovación de sus permisos, pero luego se convirtió en un nuevo llamado para concienciar sobre el riesgo que enfrentan estos jóvenes indocumentados.

“Estamos siendo perseguidos en los lugares de trabajo, en las escuelas, y hasta en los autobuses de (la compañía de transporte regional) Greyhound. El Gobierno de Trump no ha parado con esta persecución”, dijo Ruiz a Efe.

El plan DACA fue promulgado en 2012 por el entonces presidente, el demócrata Barack Obama, para proteger de la deportación y otorgar permisos temporales de trabajo y residencia a unos 690,000 jóvenes que llegaron al país cuando eran niños.

En septiembre pasado, el Gobierno del republicano Donald Trump optó por derogar el programa al considerarlo ilegal, pero mandatos de jueces federales impidieron que la orden entrara en vigor a partir del 5 de marzo, como estaba previsto, y de hecho la semana pasada un magistrado de Washington ordenó la reactivación de las renovaciones.

Esta semana, una coalición de siete estados, liderados por Texas, demandó al actual Gobierno por continuar el programa y además interpuso una moción para se detengan las renovaciones.

Ruiz sabe por experiencia propia que renovar DACA se ha convertido en una prioridad para los “soñadores”, si bien los costes del trámite resulta un obstáculo insalvable en algunos casos y de ahí la campaña de recaudación de fondos, para la cual han abierto una página web.

“Hay muchos que no cuentan con los 495 dólares y tenemos que hacer consciencia. El valor de esa cerveza para celebrar una victoria mexicana podría ayudar a uno de nosotros a resistir y tal vez ganar esta guerra”, indicó el activista.

Con motivo de esta festividad, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó el sábado a “los estadounidenses que se reúnen con amigos y familiares” para conmemorar la historia del pueblo mexicano y el aniversario de la Batalla de Puebla.

El 5 de mayo de 1862 el Ejército mexicano, bajo el mando del general Ignacio Zaragoza, se enfrentó a las fuerzas castrenses francesas que avanzaban hacia la capital del país para consumar la conquista de México.

Sin embargo, en Puebla, capital del estado homónimo ubicada a 150 kilómetros de la Ciudad de México, el Ejército francés fue derrotado.

Comunidad hispana critica nuevo ataque contra DACA, pide soluciones

Por ALEX SEGURA LOZANO

WASHINGTON, D.C. (EFE) – La comunidad hispana de EEUU rechazó el miércoles la demanda interpuesta por siete estados contra el Gobierno del presidente Donald Trump por no haber acabado con el programa DACA y pidió una solución permanente para los jóvenes indocumentados que llegaron al país de niños, conocidos como “soñadores”.

“Esta demanda es incongruente con nuestros valores nacionales y representa los oscuros objetivos de los republicanos con sus ataques contra la juventud inmigrante”, señaló el miércoles en declaraciones a Efe Carlos Duarte, director en Texas de la organización hispana Mi Familia Vota.

El enfado de los líderes latinos llega después de que una coalición de siete estados, liderada por Texas, interpusiera una demanda este martes en el tribunal del distrito sur de ese estado para que declare ilegal DACA (siglas en inglés de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) y prohíba al Ejecutivo continuar renovando ese programa de alivio migratorio.

Esta solicitud judicial ha levantado sospechas en el seno del Partido Demócrata, que ha visto un “posible complot” entre el estado de Texas y el gobierno de Trump para acabar con el programa.

En una carta, el senador demócrata Dick Durbin preguntó el miércoles al fiscal general de EEUU, Jeff Sessions, si él mismo o alguien de la administración Trump ha tenido “algún tipo de contacto” con las autoridades de Texas y los otros estados demandantes en las fechas anteriores a las acciones judiciales del grupo de fiscales.

Además del fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, la demanda también fue suscrita por los fiscales de Alabama, Arkansas, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental.

El programa DACA, promulgado en 2012 por el expresidente Barack Obama (2009-2017), protege a sus beneficiarios de la deportación, y en ciertos casos les otorga un permiso de trabajo temporal y les permite acceder a una licencia de conducir, unos beneficios que deben renovar cada dos años.

Para la directora ejecutiva adjunta de United We Dream, Greisa Martínez, esta querella “es un ejemplo perfecto de las prioridades republicanas actuales: atacar y deportar a personas de color e inmigrantes siempre que puedan”.

En un comunicado facilitado a Efe, Martínez, que lidera una de las organizaciones más importantes del país en el ámbito de jóvenes indocumentados, señaló que “en medio de todos estos ataques, los ‘soñadores’ siguen luchando por conseguir una solución para quedarse en el país de manera legal y permanente”.

En junio de 2017, Paxton amenazó por primera vez con demandar a Trump si no cumplía con su promesa de acabar con DACA.

Finalmente, en septiembre pasado, Trump anunció que DACA debía expirar el 5 de marzo si el Congreso no llegaba a un acuerdo sobre inmigración.

No obstante, DACA no llegó a expirar porque dos jueces, uno de Nueva York y otro de California, obligaron al Gobierno a mantener vivo el programa, aunque establecieron que solo podrían renovar su permiso aquellos inmigrantes que ya se hubieran beneficiado anteriormente.

La semana pasada, un juez de Washington D.C. determinó que el Gobierno de Trump debe aceptar nuevas solicitudes de DACA.

En este sentido, el Fondo México-Estadounidense para la Defensa Legal (Maldef) advirtió en un comunicado que la demanda de Paxton llega “extremadamente tarde”, después de que varios tribunales federales hayan ordenado al Gobierno de Trump mantener activo DACA.

Los estados con más “soñadores” son California y luego Texas, donde viven más de 100,000 beneficiarios de DACA, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Juez falla contra cancelación de DACA

En esta imagen del 21 de enero de 2018, manifestantes marchan en apoyo al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) fuera del Capitolio en Washington. (AP Foto/Jose Luis Magana, Archivo)

Por ELLIOT SPAGAT

SAN DIEGO, California (AP) — Un juez federal falló el martes contra la decisión del gobierno de Trump de cancelar el programa que protege de la deportación a algunos jóvenes inmigrantes, y describió la argumentación del Departamento de Seguridad Nacional contra el programa como “caprichosa y arbitraria”.

El juez de distrito John D. Bates, de Washington, escribió que la decisión de rescindir el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) “fue ilegal y debe ser desechada”.

Bates escribió que la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) “se sustentó principalmente en su opinión de que el programa era ilegal. Pero tal discernimiento quedó virtualmente sin explicación, y por ello no puede sustentar la decisión de la dependencia”.

El juez dio a la dependencia 90 días para “explicar mejor su argumento de que el DACA es ilegal”. Si el DHS no puede brindar una mejor explicación, “debe aceptar y procesar todas las nuevas solicitudes y renovaciones del DACA”, agregó.

El DACA permitía que algunos inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos de manera ilegal cuando eran niños, que comúnmente son denominados dreamers, obtuvieran permisos renovables de estancia y de trabajo. El presidente Donald Trump anunció el año pasado que cancelaría el programa, el cual fue instaurado durante el gobierno de Barack Obama. Fue rescindido oficialmente en marzo, pero el DHS sigue emitiendo renovaciones debido a órdenes judiciales previas.

El magistrado, que falló en favor de un par de demandas presentadas por la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP) y la Universidad Princeton, dijo que la explicación de la administración fue “especialmente atroz” porque no mencionaba que muchos de los cientos de miles de beneficiarios obtuvieron empleos y empezaron estudios basándose en la suposición de que podrían renovar el permiso.

El DHS no respondió de inmediato a una petición de comentarios. En septiembre anunció que eliminaría progresivamente el DACA en seis meses, calificando el programa iniciado en 2012 de abuso de poder por parte de Obama. El departamento señaló que se vio obligado a actuar ante la amenaza de Texas y otros estados de presentar demandas, lo que planteó la posibilidad de un final caótico para el plan.

El presidente de Princeton, Christopher L. Eisgruber, dijo que estaba “encantado” con la sentencia.

“Si bien la decisión no resuelve por completo la incertidumbre que enfrentan los beneficiarios del DACA, rechaza de forma inequívoca el argumento que ha ofrecido el gobierno para finalizar el programa y deja en claro que el (Departamento de Seguridad Nacional) actuó de forma arbitraria y caprichosa”, dijo.

En enero, el juez de Distrito de Estados Unidos William Alsup en San Francisco dictaminó que el gobierno no justificó el final del programa y su requerimiento obligó a las autoridades a volver a aceptar las peticiones de renovación en el plazo de una semana. El juez de Distrito de Estados Unidos Nicholas G. Garaufis en Nueva York emitió un fallo similar en febrero, mientras que un juez federal de Maryland se pronunció de parte del gobierno.

Casi 690,000 personas, de las cuales ocho de cada diez procedían de México, se beneficiaban del programa cuando el gobierno de Trump anunció su finalización en septiembre. Para solicitar la protección del DACA, los migrantes tienen que haber entrado al país antes de su 16to cumpleaños, tener menos de 31 años a fecha de 31 de junio de 2012, haber completado estudios de secundaria o servido en el ejército y no tener antecedentes. Los permisos, que se emiten por dos años, pueden ser renovados.

Arizona rechaza que “dreamers” puedan pagar matrícula menor

Darian Cruz (derecha) se retira lágrimas mientras ella y Jasmin López (izquierda) escuchan a un amigo hablar sobre un fallo de la Corte Suprema de Arizona contra los “dreamers” durante una manifestación frente al Capitolio estatal en Phoenix el lunes 9 de abril de 2018. (AP Foto/Ross D. Franklin)

Por ANITA SNOW y BOB CHRISTIE

PHOENIX, Arizona (AP) — A raíz de un fallo de la Corte Suprema de Arizona, las tres universidades públicas del estado y su más amplio distrito de universidades comunitarias informaron que aumentarán la matrícula a los jóvenes inmigrantes que se vieron beneficiados con el programa DACA, que postergó su deportación de Estados Unidos.

El máximo tribunal estatal falló el lunes que los llamados “dreamers” –jóvenes inmigrantes beneficiados por el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), iniciado por el entonces presidente Barack Obama– no son elegibles para una colegiatura universitaria preferente como la que pagan los residentes del estado.

Los “dreamers” son jóvenes inmigrantes que llegaron de niños a Estados Unidos, ya sea porque sus padres entraron ilegalmente al país o porque se quedaron una vez que expiraron sus visas, por lo que podrían ser deportados si no cuentan con protección legal.

El fallo unánime afectará al menos a 2,000 estudiantes de nivel universitario. La matrícula aumentará a partir del próximo año escolar.

El portavoz del distrito de universidades comunitarias del condado de Maricopa, Matt Hasson, dijo que el distrito estaba decepcionado.

“Este fallo es preocupante para los 2,000 estudiantes beneficiados por el DACA y para los que actualmente están matriculados en las universidades comunitarias de Maricopa”, dijo Hasson en un comunicado.

“Durante los últimos cinco años, más de 600 estudiantes beneficiados por el DACA obtuvieron un título de asociado u otro tipo de certificado de alguna de nuestras universidades y están haciendo contribuciones valiosas a la salud de nuestra economía”, aseguró.

El presidente de la Junta de Regentes del estado también lamentó la decisión, que se tomó a raíz de un caso presentado por la fiscalía estatal después de que el distrito de universidades comunitarias comenzó a permitir hace varios años que los estudiantes beneficiados por el DACA pagaran la matrícula local.

En 2015, un tribunal de primera instancia rechazó el argumento de la fiscalía estatal de que la reducción de la matrícula violaba una ley de 2006 aprobada por los votantes y conocida como “Proposition 300”, que prohíbe prestaciones públicas para toda persona que viva en Arizona sin estatus migratorio legal.

El sistema universitario se basó entonces en ese fallo para ofrecer una matrícula estatal más baja a los estudiantes beneficiados por el DACA y continuó haciéndolo, pese a que el Tribunal de Apelaciones falló el año pasado que la ley federal y estatal no permiten otorgar una matrícula más baja a los estudiantes del DACA.

Aquellos estudiantes que tomen cursos de tiempo completo en una universidad comunitaria verán que el costo de sus colegiaturas subirá de aproximadamente 2,580 dólares anuales en la actualidad a alrededor de 8,900 dólares al año.

Las tres universidades estatales tienen la política de cobrar a los residentes sin ciudadanía el 150% de la matrícula estatal, haciendo que paguen un costo de 15,000 dólares al año en lugar de los alrededor de 10,000 dólares anuales que pagan los residentes del estado.

Trump declara muerto acuerdo sobre DACA

Por DARLENE SUPERVILLE

PALM BEACH, Florida (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump declaró el domingo que un acuerdo para ayudar a los jóvenes inmigrantes conocidos como Dreamers “Ya no es más” y amenazó con salirse de un tratado de libre comercio con México a menos que ese país haga más para impedir que personas crucen la frontera hacia Estados Unidos. Dijo que muchas personas vienen para aprovecharse de protecciones otorgadas a ciertos inmigrantes.

El presidente Donald Trump sostiene la imagen de un prototipo del muro fronterizo, en San Diego, California, el 13 de marzo de 2018. (AP Foto/Evan Vucci)

“¡NO MÁS ACUERDO DE DACA!”, dijo Trump en Twitter una hora después de arranca el día deseando felices pascuas a sus partidarios.

Dijo que México debe “frenar el flujo de drogas y persona o yo voy a frenar su flujo de dinero, el TLC. ¡NECESITAMOS EL MURO!”. Canadá y México están renegociando el Tratado de Libre Comercio a insistencia de Trump.

“México tiene que ayudarnos en la frontera”, les dijo Trump a reporteros antes de participar en servicios pascuales en una iglesia episcopal cerca de su casa en Palm Beach, Florida. “Todas las personas están viviendo porque quieren aprovecharse de DACA”.

El entonces presidente Barack Obama creó el programa DACA para proteger de deportación a centenares de miles de jóvenes inmigrantes traídos ilegalmente de niños al país. Trump puso fin al programa el año pasado, pero le dio al Cogreso seis meses para aprobar una ley que lo adoptase. Pero el acuerdo no ha sido conseguido.

No estaba claro inmediatamente a qué se refería Trump cuando dijo que personas vienen al país a tomar ventaja del programa, que dio a los inmigrantes permisos de trabajo.

El gobierno no está emitiendo nuevos permisos, aunque los ya existentes pueden ser renovados. Cualquiera que quisiese participar tenía un período fijo para registrarse, y el programa no está abierto más para nuevos ingresos. Los acuerdos propuestos por los legisladores para DACA tampoco estaban abiertos a nuevos participantes.

Trump no explicó su lógica cuando le preguntaron los reporteros a su ingreso a la Iglesia Bethesda-by-the-Sea con su esposa, Melania, y su hija Tiffany. La Casa Blanca tampoco respondió a un pedido de aclaración.

Trump culpó de nuevo a los demócratas por la incapacidad de conseguir un acuerdo para los Dreamers.

“Ellos tuvieron una gran oportunidad. Los demócratas la desperdiciaron. Tuvieron una gran oportunidad, pero tendremos que examinarlo”, dijo. “México tiene que ayudarnos en la frontera. Ellos vienen a través de México, los están enviando a Estados Unidos. No puede pasar así”, dijo.

Dreamers: Esfuerzo de último minuto, un manotazo de ahogado

Por ALAN FRAM

WASHINGTON (AP) — El esfuerzo por proteger a los jóvenes sin permiso de residencia que fueron traídos al país de niños en realidad nunca tuvo muchas esperanzas de ser tenido en cuenta en el último presupuesto que el Congreso aprueba en este año electoral. Por eso llamó la atención que la Casa Blanca tratase de incorporarlo esta semana.

Lo hizo, sin embargo, con la intención de conseguir más fondos para el muro que el presidente Donald Trump quiere construir en la frontera con México. Fue un gesto de último minuto en momentos en que los legisladores negociaban los detalles finales de una enorme propuesta fiscal que se espera sea aprobada esta semana, según los involucrados y observadores.

La iniciativa no prosperó y Trump consiguió apenas 1,600 millones de dólares para su muro y otras medidas de seguridad en la frontera, lo que cubre los gastos de un año. Ante este panorama, las perspectivas de que el Congreso renueve el programa DACA que ampara de la deportación a los jóvenes conocidos como “dreamers” son muy escasas ya que los demócratas se oponen fervientemente a ayudar a Trump con su muro.

“Hasta que no dejen de actuar como idiotas y dejen de usar a los demócratas como rehenes para aprobar sus estúpidas leyes xenofóbicas como la del muro en la frontera, nada va a cambiar”, afirmó el miércoles el representante demócrata Rubén Gallego, miembro del bloque hispano.

Trump, por su parte, adoptó otra postura y dijo en un tuit: “Los demócratas se negaron a atender el DACA. Hubiera sido fácil, pero no les interesa. Tuve que pelear por los militares y por el inicio del Muro”.

Circuló la versión de que Trump comenzó a llamar a los líderes legislativos hace dos semanas para decirles que quería una financiación a largo plazo para el muro y que a cambio de eso estaba dispuesto a aceptar una renovación del programa DACA a corto plazo. Trump dejó sin efecto el programa el año pasado, pero jueces federales dispusieron que el gobierno siga renovando los permisos de dos años hasta que se resuelva el tema en los tribunales.

Una persona dijo que en conversaciones sostenidas el domingo en el Capitolio, funcionarios de la Casa Blanca indicaron que querían 25,000 millones de dólares –que cubrirían el costo total del muro– a cambio de dar a los “dreamers” protección hasta el 2020. Cuando los demócratas dijeron que para aprobar esa suma debían conceder la posibilidad de la ciudadanía a 1.8 millones de receptores de DACA, la Casa Blanca rechazó la propuesta y se disipó toda esperanza de que se siga cobijando a los “dreamers”.

El programa, creado por el predecesor de Trump, Barack Obama, ampara temporalmente de la deportación a estos jóvenes.

La información sobre las conversaciones fue suministrada por asistentes y grupos abocados al tema de ambos bandos a condición de no ser identificados ya que se trató de diálogos en privado.

Se contempló la posibilidad de otorgar una extensión de tres años a los receptores de DACA a cambio de dinero para tres años del muro, o de cinco y cinco. Algunos dice que el gobierno fue más allá todavía y pidió a los demócratas más dinero para agentes fronterizos y para más camas en los centros de detención de inmigrantes. También habría plantado que se facilitase la deportación de pandilleros.

Una propuesta más simple todavía –una extensión del DACA a cambio de dinero para el muro– tropezó con la oposición de sectores de ambos bandos y con divisiones internas.

Muchos republicanos se oponen terminantemente a proteger a cualquier inmigrante que esté en el país ilegalmente, incluidos los que fueron traídos de niños, y el jefe del bloque republicano de la cámara baja Paul Ryan se muestra reticente a someter a votación una propuesta que es resistida por la mayoría de sus correligionarios. Algunos republicanos, no obstante, querían un acuerdo, diciendo que los inmigrantes ayudan a la economía y que expulsar a cientos de miles de ellos que viven aquí desde niños podría ser un problema grave en las elecciones de mitad de término de noviembre.

“Dejamos pasar una gran oportunidad de hacer algo sustancial en relación con la inmigración”, se lamentó el senador republicano Lindsey Graham. “Creo que a la Casa Blanca se le fue la mano” con sus pretensiones.

Algunos demócratas consideran que darle estabilidad a inmigrantes que viven preocupados por una posible deportación bien vale hacer concesiones. Pero a muchos les parece inaceptable que para ello se los fuerce a ayudar a construir el muro.

Gobierno reitera que la deportación de “soñadores” no es su prioridad

WASHINGTON (EFE) – El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos reiteró hoy que no es su prioridad deportar a los jóvenes indocumentados beneficiarios del programa de Acción Diferida (DACA) después de que se cumpliera el plazo dado por el presidente, Donald Trump, para que el Congreso alcanzara un acuerdo.

El 5 de marzo era la fecha tope que fijó el magnate a los legisladores de ambos partidos para que lograran una solución para los jóvenes indocumentados que llegaron al país como niños, conocidos como “soñadores”.

Este colectivo está protegido de la deportación mediante el plan DACA, que fue aprobado en 2012 por el Gobierno de Barack Obama y que se mantiene en vigor de forma provisional gracias a una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

En un comunicado, el portavoz interino del Departamento de Seguridad Nacional, Tyler Houlton, aseguró que los beneficiarios de DACA no son un “objetivo prioritario” para ser arrestados o deportados, salvo que presenten “factores negativos adicionales”, en referencia a posibles crímenes.

“Salvo excepciones (…) un individuo que es portador de DACA, o que lo era pero ha solicitado la renovación, no será objeto de arresto ni será deportado de EE.UU. mientras tenga la protección o su petición esté pendiente”, subrayó Houlton.

Pese al fin del plazo establecido por el presidente, el portavoz llamó a las personas que reúnan los requisitos a “registrar su solicitud”, aunque avanzó que “habrá casos en los que los beneficiarios pierdan su estatus debido a violaciones de los términos de DACA”, algo que -enfatizó- no es “inusual” y ya sucedía bajo la Administración de Obama.

Houlton recordó que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EE.UU. (USCIS) no atiende a peticiones de aquellos jóvenes indocumentados que no hubieran sido beneficiarios de DACA previamente y que las solicitudes aprobadas suelen ser válidas por un total de dos años.

En el comunicado, el portavoz precisó que las protecciones de DACA siguen teniendo efecto debido a una orden judicial que es el resultado de un “probable ejercicio inconstitucional de autoridad ejecutiva” y que “solo es bueno para dos años”, por lo que -argumentó- el Congreso “debe encontrar una solución permanente”.

Actualmente, por decisión del Tribunal Supremo, sigue en vigor la decisión del juez William Alsup, de la corte del distrito norte de California, quien en enero ordenó a Trump que reactivase el programa DACA para todo EE.UU. y siguiera recibiendo solicitudes de renovación hasta que se resuelvan todos los litigios pendientes.