Migrantes aliviados tras fallo que impide eliminar el TPS

Migrantes aliviados tras fallo que impide eliminar el TPS

Esta fotografía muestra a Fredy Ochoa cerca de su casa el jueves 4 de octubre de 2018 en San Francisco. (AP Foto/Ben Margot)

Por PHILIP MARCELO, AMY TAXIN y JENNIFER KAY,  Associated Press

BOSTON, Massachusetts — El asistente jurídico salvadoreño José Palma fue uno de los cientos de miles de inmigrantes que se sintieron aliviados luego de que un juez federal impidió al gobierno del presidente Donald Trump eliminar el programa TPS que le permite trabajar y vivir legalmente en Estados Unidos.

En esta imagen del lunes 12 de marzo de 2018, simpatizantes de los inmigrantes bajo estatus temporal protegido, sostienen pancartas y gritan consignas durante una marcha previa a una conferencia de prensa en la que se anunció una demanda en contra del gobierno del presidente Donald Trump por su decisión de poner fin a un programa que les permite a los inmigrantes vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos, fuera de una corte federal en San Francisco. (AP Foto/Jeff Chiu, Archivo)

Palma, de 42 años, ha vivido en el área metropolitana de la ciudad de Boston durante dos décadas y tiene cuatro hijos nacidos en Estados Unidos de entre 2 meses y 17 años. Si su TPS terminara, dijo que lo más probable es que regrese a El Salvador con sus tres hijos menores, dejando al mayor en el país norteamericano para que vaya a la universidad.

Por ahora, Palma está enfocado en presionar a los legisladores estadounidenses para que aprueben una ley que permita a los inmigrantes que cuentan con la protección legal convertirse en residentes permanentes. Dijo que el fallo lo motiva, así como a otros inmigrantes, a seguir luchando.

“Es una luz en el túnel oscuro en el que estamos caminando ahora”, dijo.

Cerca de 300,000 migrantes de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán conservarán -por ahora- su Estatus de Protección Temporal gracias al fallo. El TPS se otorga a los ciudadanos de países devastados por desastres naturales o guerras.

El juez de distrito Edward Chen en San Francisco concedió el miércoles por la noche un interdicto que prohíbe al gobierno del presidente Trump cancelar el TPS. Encontró que hay evidencia de que “el presidente Trump alberga una animosidad contra los que no son blancos o no son europeos, la cual influyó en su… decisión de eliminar el TPS”.

El fallo cita el discurso de Trump durante su campaña presidencial de 2015 en el que describió a los inmigrantes mexicanos como narcotraficantes y violadores, así como su llamado a prohibir que los musulmanes ingresaran a Estados Unidos y su referencia soez hacia los países africanos durante una reunión sobre inmigración en la Casa Blanca en enero.

Esta decisión es la más reciente de una serie de fallos judiciales que han demorado los intentos del gobierno de Trump de frenar la inmigración. Los tribunales federales también rechazaron la prohibición de viaje sobre varios países musulmanes y la separación de niños migrantes de sus padres en la frontera sur de Estados Unidos.

Devin O’Malley, portavoz del Departamento de Justicia, aseveró que el fallo “usurpa el papel del poder ejecutivo”.

“El Departamento de Justicia rechaza por completo la noción de que la Casa Blanca o el Departamento de Seguridad Nacional hicieron algo indebido”, dijo en un comunicado.

De momento no está claro el proceso que se utilizará para extender el TPS de los inmigrantes. Se prevé que la cuestión sea abordada en la corte en las próximas semanas.

El Salvador es el país que más migrantes tiene amparados por el TPS. En enero, el gobierno de Trump dijo que cancelaría el programa para los salvadoreños en septiembre de 2019 debido a que ya se habían recuperado de un sismo que dejó la nación devastada en 2001.

En marzo, los defensores de inmigrantes interpusieron una demanda a nombre de los salvadoreños que tienen la protección y de ciudadanos de otros tres países a los que les indicaron que su programa iba a terminar.

Fredy Ochoa, un salvadoreño de 42 años que vive en San Francisco, dijo que no puede imaginar regresar al país que dejó hace más de dos décadas cuando era adolescente luego de una guerra civil devastadora.

Comentó que trabaja en la construcción, que tiene dos hijos nacidos en Estados Unidos y que no entiende la preocupación del gobierno con la protección debido a que él, al igual que otros inmigrantes, paga impuestos y aprueba las revisiones de antecedentes para calificar al programa.

“Esto nos va a dar esperanza para continuar luchando por algo mejor”, dijo Ochoa sobre el fallo. “Es un gran alivio”.

Marleine Bastien, directora ejecutiva de la organización Family Action Network Movement, comentó a los reporteros en Miami que es previsible que el gobierno federal apele el fallo. Agregó que la decisión, aunque es “de gran importancia”, es solo temporal.

Rony Ponthieux, un inmigrante haitiano que trabaja como enfermero, dijo que cree que él y otros que están en la misma situación merecen quedarse en el país debido a que trabajan mucho, pagan impuestos y contribuyen en sus comunidades de la misma forma que lo hacen los residentes permanentes y los ciudadanos estadounidenses.

Dijo que no tiene planes de irse de Estados Unidos, aunque su estatus temporal expira en julio de 2019.

“Sabía que algo iba a pasar”, comentó Ponthieux. “Creo en Dios”.

Juez prohíbe a gobierno de EEUU cancelar TPS

Juez prohíbe a gobierno de EEUU cancelar TPS

En esta imagen del lunes 12 de marzo de 2018, simpatizantes de los inmigrantes bajo estatus temporal protegido, sostienen pancartas y gritan consignas durante una marcha previa a una conferencia de prensa en la que se anunció una demanda en contra del gobierno del presidente Donald Trump por su decisión de poner fin a un programa que les permite a los inmigrantes vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos, fuera de una corte federal en San Francisco. (AP Foto/Jeff Chiu, Archivo)

Por ROBERT JABLON y SUDHIN THANAWALA,  Associated Press

SAN FRANCISCO, California — Un juez de San Francisco prohibió el miércoles al gobierno del presidente Donald Trump poner fin al TPS que permite que inmigrantes de cuatro países, incluidos Nicaragua y El Salvador, vivan y trabajen legalmente en Estados Unidos, ya que hacerlo causaría “daños irreparables y enormes dificultades”.

El TPS, o Estatus de Protección Temporal, se otorga a los habitantes de naciones devastadas por desastres naturales o conflictos armados, y les permite permanecer en Estados Unidos hasta que la situación en sus países mejore. Alrededor de 300,000 personas han recibido dichas protecciones.

El juez federal Edward Chen emitió su interdicto contra la decisión del gobierno de rescindir el TPS para los ciudadanos de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador.

El fallo dice que el gobierno no demostró el daño de mantener el programa de 20 años de antigüedad, y que los demandantes establecieron que deportar a dichos inmigrantes podría perjudicar la economía local y nacional.

“Los beneficiarios que han vivido, trabajado y criado a sus familias en Estados Unidos (muchos de ellos durante más de una década), serán objeto de repatriación”, escribió Chen.

Muchos de ellos tienen hijos nacidos en Estados Unidos, y podrían enfrentarse a la decisión de “llevarse a sus hijos con ellos (sacándolos del único país y la única comunidad que han conocido) o separarse de sus familias”, indicó la decisión.

Una demanda afirma que la decisión del gobierno fue motivada por el racismo y hace referencia al lenguaje vulgar que Trump utilizó para referirse a algunas naciones africanas durante una reunión en materia migratoria realizada en enero en la Casa Blanca.

El portavoz del departamento de Justicia, Devin O’Malley, dijo que el fallo “usurpa el papel del poder ejecutivo”.

“El departamento de Justicia rechaza completamente la noción de que la Casa Blanca o el departamento de Seguridad Nacional hicieran algo impropio. Seguiremos luchando por la integridad de nuestras leyes migratorias y nuestra seguridad nacional”, dijo el comunicado de O’Malley.

El Salvador fue designado al programa en 2001 después de un terremoto y el estatus del país se renovó en repetidas ocasiones. El gobierno de Trump anunció en enero que el programa para esa nación expiraría en septiembre de 2019.

El gobierno concluyó que El Salvador había recibido importante ayuda internacional para recuperarse de los estragos del terremoto, y se habían reconstruido viviendas, escuelas y hospitales.

EEUU cancela TPS para 60,000 hondureños

NUEVA YORK (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump anunció el viernes que cancelará la protección migratoria temporal concedida a casi 60,000 hondureños que han vivido en Estados Unidos desde que un devastador huracán arrasó su país hace dos décadas.

La decisión del Departamento de Seguridad Nacional le da a los hondureños amparados por el Estatus de Protección Temporal (conocido por sus siglas en inglés TPS) un año y medio para salir de Estados Unidos o tramitar su residencia legal. La protección terminará el 5 de enero de 2020.

Alrededor de 437,000 inmigrantes de 10 países afectados por violencia extrema o desastres naturales han recibido TPS. El Departamento de Seguridad Nacional ha cancelado dicho estatus para casi todos ellos durante el gobierno de Trump, incluidos Nicaragua, El Salvador, Haití, Sudán y Nepal.

Los partidarios del presidente dicen que las protecciones no tenían como fin ser permanentes mientras que los defensores de los inmigrantes aseguran que revocar el TPS hará que las personas afectadas se oculten.

El gobierno de Honduras lamentó la decisión de Estados Unidos. La cancillería emitió un comunicado en el que reconoció que “esta es una decisión soberana de Estados Unidos” pero “la lamentamos profundamente”.

Señaló además que los hondureños “son y serán siempre bienvenidos en su patria ” y que se les “facilitará su reinserción integral a nuestra sociedad”.

El TPS fue concedido a los hondureños que huyeron del país tras la devastación causada en 1998 por el huracán Mitch. El fenómeno mató a más de 18,000 personas y destruyó 70% del territorio nacional.

“Es una tragedia que crea incertidumbre para muchísimas familias”, aseguró Hugo Noé Pino, expresidente del Banco Central y exembajador de Honduras en Washington.

Indicó que “esos hondureños pasarán a la ilegalidad, no retornarán” y que “el gobierno del presidente Donald Trump no tiene la capacidad de controlar a tantos inmigrantes”.

En tanto, Francisco Portillo, dirigente de organizaciones de hondureños en Florida, expresó a periodistas que “seguiremos trabajando en diferentes escenarios para legalizar en forma definitiva a los compatriotas”. Informó que grupos de hondureños radicados en Estados Unidos harán cabildeos intensos ante el Senado y el Congreso en Washington.

En Estados Unidos hay más de 1.1 millón de hondureños de los cuales al menos el 10% envía más de 4,200 millones de dólares anuales en remesas a sus familias. Esta cifra representa casi la cuarta parte del Producto Interno Bruto de Honduras, de 26,000 millones de dólares al año.

Inmigrantes demandan a EEUU por fin del TPS

Por SUDHIN THANAWALA y AMY TAXIN

SAN FRANCISCO, California (AP) — Inmigrantes de cuatro naciones, tres de ellas latinoamericanas, y sus hijos nacidos en Estados Unidos demandaron el lunes al gobierno del presidente Donald Trump por su decisión de cancelar un programa que les permite vivir y trabajar legalmente en el país.

Emi MacLean, abogada de la Red Nacional de Organización de Jornaleros, a la izquierda, está junto a Crista Ramos; la madre de Ramos, la salvadoreña Cristina Morales; Sherika Blanc, de Haití, y Mazin Ahmed, de Sudán, en una conferencia de prensa en la que se anunció una demanda contra el gobierno de Donald Trump por su decisión de poner fin a un programa que le permite a los inmigrantes vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, frente a un tribunal federal en San Francisco, el lunes 12 de marzo de 2018. (AP Foto/Jeff Chiu)

Nueve inmigrantes y cinco hijos interpusieron la denuncia ante una corte federal de San Francisco, bajo el argumento de que la decisión de poner fin al estatus de protección temporal a inmigrantes procedentes de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán fue por motivos raciales.

El estatus se otorga a países devastados por la guerra o desastres naturales. Permite que los ciudadanos de dichas naciones permanezcan en Estados Unidos hasta que mejore la situación en sus países de origen.

Más de 200,000 inmigrantes podrían estar sujetos a deportación a causa del cambio en la política, y ellos tienen más de 200,000 hijos estadounidenses que corren el riesgo de ser desterrados de sus comunidades y escuelas, según los denunciantes en el caso presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles del sur de California y otros activistas migratorios.

El demandante salvadoreño Orlando Zepeda ha vivido en California durante más de tres décadas y cría a sus hijos de 12 y 14 años en Los Ángeles. Dijo que el cambio sería apabullante.

Zepeda ha trabajado en el mantenimiento de edificios durante los últimos ocho años, y teme que no reconocería el país del que salió en su adolescencia durante la guerra civil.

“Mi casa y mi familia están aquí”, dijo en un comunicado.

El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios.

Se trata de la demanda más reciente en contra del gobierno federal respecto a sus estrictas políticas migratorias. Inmigrantes haitianos y salvadoreños interpusieron un caso en Massachusetts el mes pasado en el que también se argumenta que hubo motivos raciales para cancelar el estatus de protección temporal.

Ambas demandas se presentaron después de que Trump utilizó lenguaje soez para describir la llegada de inmigrantes procedentes de Haití y países africanos.

La demanda en California alega que Estados Unidos redujo sus criterios para determinar si los países cumplen los requisitos para el estatus de protección temporal. Desde que asumió la presidencia, el gobierno de Trump ha cancelado el programa para las cuatro naciones.

El programa fue creado por razones humanitarias. y el gobierno federal puede renovar el estatus después de realizar una evaluación.

El Salvador fue designado para el programa en 2001 después de un fuerte terremoto, y desde entonces se ha renovado su estatus en repetidas ocasiones. El gobierno de Trump anunció en enero pasado que el programa para El Salvador expiraría en septiembre de 2019.

En ese momento, los hijos estadounidenses de dichos migrantes podrían enfrentar la decisión de salir de su país en compañía de sus padres o permanecer sin ellos, según la demanda, que aspira a ser colectiva para los hijos.

“Estos niños estadounidenses no deberían tener que elegir entre su país y su familia”, comentó Ahilan Arulanantham, director legal y de activismo de la Unión Americana de Libertades Civiles del sur de California, a través de un comunicado.

Algunos creen que El Salvador no está listo para fin del TPS

Por MARCOS ALEMÁN

SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — Hugo Castro creía que era un joven con suerte: cuando tenía 17 años dejó El Salvador para estudiar en Estados Unidos, pero tres décadas después fue deportado y obligado a rehacer su vida en un país que ya no reconocía.

Mateo Barrera, de cuatro años, originario de El Salvador, y cuyos familiares se beneficiaban del estatus de protección temporal, asiste a una rueda de prensa en Los Ángeles, el lunes 8 de enero de 2018. (AP Foto/Damian Dovarganes)

Tras el anuncio del gobierno de Estados Unidos de suspender el beneficio migratorio que permite a 195,000 salvadoreños residir en ese país de manera temporal, miles podrían enfrentar el mismo destino que Castro y ser enviados de vuelta a un país no sólo casi desconocido para muchos de ellos, sino que -para algunos- no está preparado para absorber a una oleada de migrantes.

“El principal problema que pasan los deportados es que nos invisibilizan, nos rechazan; no hay trabajo, no nos ayudan”, dice Castro, quien fue deportado en 2015.

La Secretaría de Seguridad Nacional informó el lunes que los salvadoreños protegidos bajo el estatus de protección temporal, conocido como TPS por sus siglas en inglés, tendrán hasta septiembre de 2019 para dejar el país o ajustar su estatus legal. El número de personas protegidas es apenas una parte de los dos millones de salvadoreños que se estima residen actualmente en Estados Unidos.

El TPS, que se aplica a otros países también, fue diseñado por Estados Unidos para ayudar a ciudadanos afectados por desastres naturales o algunas otras problemáticas internas. Algunos salvadoreños lo recibieron después del terremoto de 2001 que mató a más de 1,000 personas. Miles más han llegado a ese país huyendo de la violencia de las pandillas, aunque no fueron considerados para beneficiarse de ese estatus.

El anuncio del gobierno del presidente Donald Trump también trajo temores de que El Salvador podría perder una importante fuente de ingresos, a través de las remesas que envían desde Estados Unidos, además de que muchas familias podrían quedar separadas. Algunos, sin embargo, también vieron con cierto optimismo que los salvadoreños que tienes años de vivir en aquel país podrían traer su experiencia al país y posiblemente detonar inversiones.

Castro es uno de quienes temen que la llegada de esos salvadoreños protegidos hasta ahora por el TPS podría ser complicada, tanto en términos personales como para el país. Y usa su propio caso como ejemplo.

Castro se fue a estudiar a una universidad de Atlanta, Georgia, donde vivía con todas las comodidades, pero su padre –un próspero dueño de fincas de café– lo perdió todo en un embargo y ya no pudo ayudarle. “Trabajé en un Club Campestre, en una librería, en una empresa de publicidad y fui manager de un restaurante de comida mexicana”.

Al llegar a Estados Unidos inició trámites para poder vivir de manera legal. Su tarjeta del seguro social y licencia de conducir fueron algunos de los documentos que le sirvieron para vivir sin problemas durante 31 años.

Sin embargo, todo cambio en 2004, cuando vivía en Houston y durante una reunión con algunos compañeros de trabajo, la policía llegó alegando que había recibido denuncias de los vecinos y se descubrió que tenían cocaína. Dado que ninguno de sus amigos aceptó ser dueño de la droga, la policía lo responsabilizó y lo llevaron a la cárcel, por lo que su expediente quedó con un registro criminal por posesión de droga. Castro tenía que presentarse ante un juez de inmigración, pero nunca lo hizo y trató de seguir su vida de manera normal. Incluso ahora, él niega que la droga fuera suya.

El incidente parecía haber quedado en el olvido, pero la policía lo detuvo en 2015 y fue a parar al Centro de Detención de Houston, donde luchó para no ser deportado. No obstante, el 28 de agosto de ese año volvió a El Salvador.

“El regreso fue traumático. Tenía 31 años de no venir a mi país”, dice el hombre, que después de enfrentar el rechazo de sus conocidos ahora ve la vida con más optimismo. “Fue un shock cultural bien fuerte”, agrega.

Los tres primeros meses después de su regreso fueron terribles, dice. “Yo estaba destrozado y sufro de depresión”, agregó.

“No me encontraba en este país. Me dijeron que tenía que buscar trabajo. ‘Vos hablas inglés. Anda a los call center’, me dijeron, y fui, pero me rechazaron por ser deportado y tener récord criminal”, cuenta.

Muchas faltas leves como infracciones de tránsito son señaladas como delitos y así aparece en sus fichas de repatriados.

Por ocho meses, Castro buscó alguien que le tendiera la mano. Su situación mejoró hasta que le ayudaron en el Instituto Salvadoreño del Migrante, donde ahora asesora a los repatriados con los programas de salud y otros para reinsertarlos en la vida del país.

Luis Membreno, un analista económico en El Salvador, cree que los salvadoreños beneficiados con el TPS son migrantes que tienen a sus familias con ellos y envían pocas remesas a su país natal, por lo cual no implicaría un golpe grande para la nación centroamericana.

“No creo que se vayan a caer las remesas familiares en el corto plazo”, asegura. El analista considera que algunas familias incluso enviar más remesas.

Los envíos de dinero desde Estados Unidos, que en 2016 sumaron 4,576 millones de dólares, representan el 17.1% del producto interno bruto de El Salvador.

César Ríos, que dirige el instituto del migrante donde trabaja Castro, es menos optimista y coincide en las dificultades que representaría para El Salvador el regreso de miles de personas desde Estados Unidos, e incluso considera que supondría una crisis humanitaria para el país centroamericano.

“El país no está preparado para recibir a miles de salvadoreños. Aquí no hay programas para ayudar a los repatriados. Aquí somos estigmatizados, la gente nos rechaza”, asegura.

EEUU retira protecciones a inmigrantes salvadoreños

Por ZEKE MILLER y ELLIOT SPAGAT

WASHINGTON (AP) — El gobierno de Donald Trump anunció el lunes que no renovará las protecciones que permitían a casi 200,000 salvadoreños permanecer legalmente en Estados Unidos.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo que los daños causados por el terremoto del 2001 en Centroamérica no justifican otra prórroga del status. Añadió que El Salvador ha recibido cuantiosa ayuda internacional y que gran parte de la infraestructura del país ha sido reconstruida.

Los ciudadanos de El Salvador pueden beneficiarse del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que proporciona alivio humanitario a extranjeros cuyos países se han visto golpeados por desastres naturales o conflictos.

El Salvador es el cuarto país en perder el TPS durante la presidencia de Trump y sus ciudadanos eran por mucho el grupo de beneficiarios más grande. El gobierno suspendió el año pasado protecciones similares a ciudadanos de Haití y Nicaragua.

Los salvadoreños tendrán hasta septiembre de 2019 para dejar el país o ajustar su estatus legal.

Nielsen dijo la semana pasada a la AP que las extensiones a corto plazo no son la solución.

“Conseguirles una solución permanente es un plan mucho mejor que tenerlos viviendo seis meses, luego 12 meses, luego 18 meses”, dijo en una entrevista, refiriéndose a la incertidumbre de las extensiones a largo plazo del programa.

La decisión de enviar a los salvadoreños de vuelta a su país, aunque no es sorpresiva, causará conmoción en partes de Washington, Los Ángeles, Nueva York, Houston y otras zonas metropolitanas que acogen grandes comunidades de salvadoreños. Estos inmigrantes disfrutan de una protección especial desde los terremotos que golpearon el país centroamericano en 2001. Muchos han echado raíces en Estados Unidos, formando familias y abriendo negocios a lo largo de los años.

Poner fin a la protección también supondría un duro desafío para El Salvador, un país de 6.2 millones de personas con una economía dependiente de las remesas de los trabajadores en Estados Unidos. En la última década, cada vez más salvadoreños -muchos llegados como familias o menores sin acompañante- han entrado en Estados Unidos de forma ilegal a través de México, huyendo de la violencia y la pobreza.

En septiembre de 2016, el gobierno de Obama amplió 18 meses las protecciones señalando que El Salvador aún sufría los efectos de los sismos de 2001 que mataron a más de mil personas, y que el país no podría absorber el regreso de tanta gente.

El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, tuvo una larga conversación telefónica con Nielsen el viernes para renovar su petición de que se extienda el programa para dar más tiempo al Congreso a conseguir una solución permanente para los 190,000 salvadoreños que han obtenido protección para seguir en el país.

La fecha límite coincide con un momento de creciente diálogo entre la Casa Blanca y el Congreso sobre una reforma migratoria que podría incluir protecciones para cientos de miles de jóvenes inmigrantes que llegaron al país cuando eran menores, y que recibieron una protección temporal por un programa de la era Obama. Trump dijo en septiembre que pondría fin al plan de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), pero dio al Congreso hasta marzo para tomar medidas.

Estaba previsto que el presidente, Donald Trump, recibiera esta semana a un grupo bipartidista de senadores para intentar buscar un acuerdo.

Estados Unidos creó el TPS en 1990 para ofrecer refugio a gente de países afectados por terremotos, inundaciones, huracanes, guerras y otros desastres. Ahora ampara a casi 320,000 personas de 10 países. Hay casi 440,000 beneficiarios de esos 10 países, incluidos de 263,000 de El Salvador, pero muchos de ellos han legalizado su situación por otras vías.

El secretario de Seguridad Nacional puede renovar esa protección, que incluye permiso de trabajo, por hasta 18 meses cada vez. Las voces críticas dicen que ha resultado no ser temporal en absoluto, ya que muchos beneficiarios siguen en el país años después de su solicitud inicial.

La predecesora de Nielsen, la secretaria en funciones Elaine Duke, puso fin en noviembre a las protecciones para los haitianos, lo que requiere a unas 50,000 personas que se marchen o resuelvan su situación legal para el 22 de julio de 2019, y para los nicaragüenses, lo que dio a unas 2,500 personas hasta el 5 de enero de 2019. Aplazó una decisión que afectaba a más de 50,000 hondureños, lo que dejó la decisión a Nielsen.

El gobierno de Trump amplió el año pasado la protección para los Sudán del Sur y la retiró para Sudán. Otros países cubiertos son Nepal, Somalia, Siria y Yemen.

Recomendaciones para inmigrantes protegidos por el TPS

Por PATRICIA RUIZ (La Jornada Latina)

patriciaohio54@gmail.com

COLUMBUS, Ohio — El gobierno del presidente Trump ha traído nueva angustia a los hogares latinos.

Estados Unidos tiene un programa migratorio conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que concede permisos de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.

Hondureños y nicaragüenses deben reinscribirse y solicitar una nueva autorización de empleo por el tiempo concedido y hacer los trámites ante la oficina del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS). (LJL/Patricia Ruiz).

El TPS concede el beneficio de trabajar, tener licencia para manejar y residir en el país sin peligro de deportación, pero no lleva a recibir residencia permanente.

En el país hay cerca de 5,000 nicaragüenses amparados bajo el TPS que fue concedido por el gobierno del presidente Bill Clinton tras los estragos del huracán Mitch, en Centroamérica, el 28 de octubre de 1998, y que había sido renovado varias veces.

El pasado 5 de noviembre la secretaria Elaine Duke, del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el fin de este beneficio para inmigrantes de esta nación a partir del 5 de enero de 2018 por lo que vencerán las autorizaciones de empleo, pero el gobierno concedió hasta el 5 de enero de 2019 para conseguir permanecer de otra forma en el país o hacer los preparativos para regresar a Nicaragua, y solicitar a su gobierno los documentos de viaje actualizados.  Estados Unidos atribuyó la pérdida del TPS al hecho de que el gobierno de Nicaragua no solicitó la extensión a tiempo.

También, bajo este beneficio se halla la comunidad hondureña compuesta casi por 86,000 inmigrantes.  Para ellos, se ha extendido el TPS hasta el 5 de julio de 2018, luego que el gobierno estadounidense estudie el caso de este país.

La decisión fue anunciada por el DHS con base en que las condiciones en los países afectados por el huracán Mitch, en aquella época, han mejorado.

Para los 57,000 haitianos el pasado 24 de mayo el DHS ya anunció que este es el último permiso por seis meses bajo TPS que fue concedido después del terremoto del 12 de enero de 2010.

Para los inmigrantes de El Salvador se extendió el TPS hasta el 9 de marzo de 2018 y el pasado 6 de septiembre se venció el plazo para renovarlo.

La situación planteada por el gobierno de Trump para los inmigrantes de estos países trae problemas dentro de los hogares pues -en muchos casos- los niños nacidos dentro de Estados Unidos tienen alguno o los dos padres indocumentados y protegidos por el TPS.

Los inmigrantes de estos países tienen posibilidades de obtener o acogerse a otras soluciones para permanecer legalmente en el país pero es importante que tengan en cuenta que estas opciones deben ser estudiadas y consultadas con abogados de inmigración reconocidos, no con notarios.

Los hondureños y nicaragüenses deben reinscribirse y solicitar nueva autorización de empleo por el tiempo concedido y hacer los trámites ante USCIS (United States Citizenship and Immigration Services).

En este momento no es seguro si la base de datos se compartirá con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) que es la agencia encargada de las deportaciones.